Sergio Aguayo, académico, investigador y colaborador semanal de Reforma, perdió una demanda por daño moral frente al ex gobernador de Coahuila y exlíder del PRI, Humberto Moreira, por lo que tendrá que pagar 10 millones de pesos. Eso determinó un tribunal de la Ciudad de México, donde pasaron por alto el conflicto de interés de su juzgador, que borró la legitimidad en el proceso. Aguayo no va a pagar esos 10 millones porque, con la defensa adecuada, lo ganará en la Suprema Corte de Justicia, si nos atenemos a los precedentes, y será Moreira quien pierda el juicio.
Todo esto, aclaro, si en este País la justicia en materia de libertades se mantiene dentro de la certidumbre, porque las señales e intenciones en la actualidad indican lo contrario. Morena quiere legislar que se prohíba la crítica al Presidente, la Fiscalía General quiere volver a penalizar criminalmente la difamación y el daño moral, e iniciativas como la llamada “ley del olvido” en el Senado, son expresiones que atentan contra la libertad de expresión, y tratan como enemigos a medios de comunicación, periodistas y a todas aquellas personas que la ejerzan.
El caso de Aguayo se remonta a administraciones pasadas, cuando Moreira presentó una demanda por daño moral porque el académico habló de las imputaciones de corrupción al exgobernador, en el contexto de haber sido detenido y encarcelado en Madrid como parte de un proceso en la Corte Federal de San Antonio, donde lo vinculan con Los Zetas. El daño moral, está claro, no se lo hizo Aguayo. Su reputación, cuestionada durante mucho tiempo en México, se colapsó con el juicio en los tribunales federales de Estados Unidos. Si algo le afectó su imagen pública, fueron las acusaciones de sus viejos asociados de tener vínculos con el narcotráfico, no un artículo periodístico.
Moreira utilizó un recurso utilizado por el PRI durante largo tiempo para control de daños mediante la intimidación y la previa censura, y encarcelar a periodistas mexicanos mediante recursos poco convencionales -demanda por daño moral utilizando recursos mercantiles, que se emplean para embargos-, espionaje, investigaciones personales para hacerlas públicas, seguimiento, difamaciones en espacios de mercenarios en los medios. Esto no ha cesado en la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos colaboradores revisaron las finanzas de algunos periodistas, sus propiedades, lanzó campañas ininterrumpidas de difamación -ya van, en algunos casos, guerras cibernéticas de 18 meses-, y un hostigamiento que está tocando los extremos.
Este martes, el periodista Alejandro Lelo de Larrea, solicitó su adhesión al Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación ante las agresiones verbales en la vía pública y una campaña negra de difamación en Twitter. No se sabe qué suerte tendrá, porque un periodista que lo intentó por las mismas razones anteriormente, tuvo como respuesta prácticamente el que tendría que ser golpeado antes de analizar su caso. Hay periodistas que tuvieron que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para quejarse de las difamaciones del presidente López Obrador en su contra durante sus comparecencias matutinas, que han provocado como acompañamiento las campañas cibernéticas, y se están preparando casos para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se han presentado demandas por daño moral contra sus personeros.
Cuando Aguayo habla de lo que le ha significado en tiempo y dinero defenderse de Moreira, también tendría que incorporarse a esa ruta del proceso la tensión y la presión durante años, alerta siempre que un juez o su asistente, no caigan en la tentación del dinero para cambiar un fallo. En la anterior administración capitalina, un juez pidió cuatro millones de pesos a un demandante para que fallara a su favor. Como no lo hizo, falló en contra, presumiblemente porque sí recibió el dinero del denunciado. Ese juez fue despedido tan pronto llegó el nuevo gobierno, pero el caso aún no se cierra. Otro juez le confió al demandante que tenía que presentar un dictamen en su contra, no porque hubiera perdido el caso, sino porque tenía instrucciones “de arriba” para hacerlo”.
Las penurias de Aguayo son transexenales. En la actualidad están utilizando los funcionarios la ley de protección de datos personales para buscar previa censura en los medios, en una confrontación de dos derechos. Hasta ahora va ganando la censura. Este es aún terreno gris porque las decisiones son casuísticas, pero recientemente el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa, la llamada “ley del olvido”, que da cuerpo legal a lo que ahora es discrecional, con lo cual blinda a cualquier funcionario señalado documentalmente de corrupto o que haya abusado de su poder, de cualquier infracción. O sea, impunidad legal.
Otra regresión son las reformas al sistema judicial de la llamada Ley Gertz, que regresa a México más de una década, cuando la difamación y el daño moral se castigaba con cárcel. La ley cambió en 2007 para ajustarla a un sistema democrático, pero Gertz pretende -hasta que demuestre lo contrario- revertirlo, empatando a López Obrador con líderes autoritarios como los de China, Corea del Norte, Rusia, Turquía y Venezuela.
López Obrador se ha autoproclamado defensor de la libertad de expresión y para comprobarlo afirma -con razón-, que no pide que se censure a periodistas ni que se les despida. Pero en los hechos, hace todo lo contrario. No lo pide en forma directa, pero todo el tiempo descalifica y eleva los costos para todos que quieren salvaguardar el régimen de libertades. La forma como su maquinaria de propaganda sirve para profundizar el daño reputacional e incitar linchamientos no la condena, sino la estimula. Las libertades están en riesgo, y el caso de Sergio Aguayo es un recordatorio público de lo que estamos perdiendo aceleradamente.
Raymundo Riva Palacio
