La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, demandó por daño moral a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien la vinculó en público con el crimen organizado. El caso se ha contado como pleito político. Aquí interesa como problema jurídico. Y como tal tiene tres defectos: se presentó, por regla, fuera del fuero que la ley señala; se acompaña de dos vías que difícilmente proceden, y es improbable que alcance sentencia firme. Es una demanda para la tribuna.
Primero. La acción. El 22 de octubre, en entrevista con Carlos Loret, Campos afirmó que Montiel “tiene mucho que explicar y mucho que decir sobre el crimen organizado” en Chihuahua, y reveló que se lo había dicho a la presidenta Claudia Sheinbaum. En otras entrevistas habló de nexos con un cártel. La Presidenta respondió que, si había pruebas, se presentaran. No consta que se haya hecho. El 27 de octubre, Montiel anunció tres vías: daño moral, calumnias y violencia política de género. El 14 de noviembre confirmó que la demanda civil está presentada en la Ciudad de México, donde reside. El escrito no es público. Jurídicamente, se trata de una acción de responsabilidad civil extracontractual: quien causa un daño por un hecho ilícito debe repararlo. Es además una acción personal, porque se dirige contra un sujeto determinado para exigirle una obligación, no contra una cosa. En la capital, el régimen es especial. La Primera Sala de la Suprema Corte fijó que, cuando el daño moral se atribuye al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, no se aplica el Código Civil, sino la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen (jurisprudencia 1a./J. 127/2025). Ello supone que la gobernadora habló en ejercicio de esa libertad y no como autoridad; si fue lo segundo, el camino sería otro: la responsabilidad del Estado. Esa ley exige tres elementos: la afectación a un bien tutelado, que derive de un acto ilícito y que exista relación de causa a efecto entre ambos (artículo 36). La carga de la prueba corresponde, en principio, al actor (artículo 37). La acción prescribe en dos años (artículo 38). Y el umbral depende de quién demanda. A la figura pública, que tiene notoriedad sin ocupar un cargo, la ley le pide acreditar que la información se difundió a sabiendas de su falsedad (artículo 31). Montiel dirige un partido y no ejerce hoy función pública. Ese es, como mínimo, su escalón: los hechos que se le atribuyen datan de cuando era secretaria de Estado, y para el servidor público el umbral es más alto (artículo 30). No le basta, entonces, con señalar que Campos carece de pruebas. Debe demostrar la falsedad de la imputación y el conocimiento que de ella tenía la demandada.
Segundo. La competencia. Antes del fondo está el presupuesto procesal: que conozca el juez que la ley señala. La ley especial no contiene regla de competencia; remite al Código de Procedimientos Civiles local para el trámite (artículo 35). Ese código, vigente para los juicios ordinarios hasta abril de 2027, establece el fuero del domicilio: en las acciones personales es competente el juez del domicilio del demandado (artículo 156, fracción IV). El domicilio del actor no es criterio. Campos reside y gobierna en Chihuahua. Si es la única demandada, como se ha informado, la demanda debió presentarse allá; con codemandados domiciliados en la capital, la actora podría elegir. El defecto es subsanable. La competencia territorial es prorrogable: las partes pueden modificarla con su conducta. Si la demandada contesta sin objetar, opera la sumisión tácita y el juez capitalino queda habilitado (artículos 151 y 153). Si la objeta, tiene dos caminos: la declinatoria, ante el juez que conoce, para que deje de hacerlo; o la inhibitoria, ante el juez que estima competente, para que reclame el asunto (artículo 163). La decisión es de Campos. Y tiene consecuencias sustantivas. Si el juicio se radica en Chihuahua, deja de aplicarse la ley especial capitalina y regiría, en principio, el Código Civil del estado. Su artículo 1801 define el daño moral y extiende la obligación de repararlo al Estado y a sus funcionarios. El 1801 bis excluye de responsabilidad a quien ejerce sus derechos de opinión, crítica, expresión e información dentro de los límites de los artículos 6º y 7º constitucionales, e impone al actor acreditar plenamente la ilicitud de la conducta y el nexo directo con el daño. En ambos foros hay, además, defensas de fondo. La primera es la veracidad: la ley capitalina excluye el daño moral cuando se imputan hechos veraces y de interés público (artículo 25). La segunda es la distinción entre hechos y opiniones: los juicios de valor no generan responsabilidad si no son insultantes. “Tiene mucho que explicar” es, en rigor, una opinión. Atribuir nexos con un cártel no lo es. La actora tendría que identificar esa imputación fáctica y probar su falsedad.
Tercero. Las otras vías y el tiempo. Las otras dos vías difícilmente proceden. La calumnia no es delito en ninguno de los foros posibles. La Ciudad de México la derogó de su Código Penal en 2006; la Federación, en 2007; Chihuahua la suprimió al expedir su Código Penal de 2006. Si lo anunciado es una denuncia penal, sería por un hecho atípico. La calumnia subsiste solo como infracción electoral, con reglas propias. La violencia política de género tampoco encuadra, en principio. La figura exige que la conducta se dirija a una mujer por ser mujer o la afecte de manera diferenciada o desproporcionada (jurisprudencia 21/2018 del Tribunal Electoral). Imputar nexos criminales es grave, pero es una imputación neutra: se formularía igual contra un hombre, salvo que la demanda identifique un estereotipo de género que hasta ahora nadie ha señalado. Tres vías anunciadas: una no existe como delito, otra difícilmente encuadra y la tercera se presentó fuera del fuero legal. A juzgar por lo anunciado, porque el escrito no es público, eso revela desconocimiento jurídico en el equipo de la actora. O algo distinto: que el propósito no es obtener una sentencia. El argumento más sólido contra Campos no está en ninguna de las tres vías. Está en el deber de denuncia. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a quien, en ejercicio de funciones públicas, conozca un hecho probablemente delictivo a denunciarlo de inmediato ante el Ministerio Público (artículo 222). Si lo que tenía era conocimiento de un hecho y no una sospecha, comunicarlo a la Presidenta no satisface esa obligación. No consta denuncia alguna. La Corte Interamericana sostuvo, además, en Ríos y otros contra Venezuela (2009), que los funcionarios deben constatar razonablemente los hechos en que fundan sus declaraciones, con diligencia mayor que la exigible a un particular. La misma sentencia reconoce que pronunciarse sobre asuntos de interés público es legítimo y, a veces, un deber. Campos tiene a su favor el interés público del tema. Pero ese flanco existe, y la actora no lo explota. Queda el tiempo procesal. Vendrán la cuestión de competencia, la instrucción, la sentencia, la apelación y el amparo directo. Un juicio así se mide en años. La elección de Chihuahua es en 2027. Lo probable es que no haya sentencia firme antes de la jornada electoral, y que el litigio se apague cuando pierda utilidad política. Los tiempos del proceso judicial no son los del proceso electoral.
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Una demanda se mide por lo que puede obtener de un juez, no por lo que rinde ante un micrófono. Esta llegó fuera de su foro natural, con dos vías que difícilmente proceden y sin tiempo para una sentencia. Quien gobierna, cuando señala, debe denunciar. Quien demanda, cuando acude al juez, debe litigar. Lo demás es tribuna.
@evillanuevamx



