Un juez admitió una demanda de amparo contra la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, aunque negó la suspensión provisional, lo que permite que ese cuerpo de seguridad siga en el Metro, reportó Reforma.
El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, aceptó la demanda de amparo que presentó Gerardo Álvarez García Peña contra la presencia de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México.
El demandante argumenta que la acción impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que fue puesta en práctica desde el 12 de enero, viola varios artículos constitucionales, como el 21 y el 134, además de que esa medida no fue motivada ni fundamentada legalmente en algún decreto o acuerdo.
Sin embargo, Santos Pérez negó conceder la suspensión provisional, debido a lo cual la Guardia Nacional puede continuar sus actividades en las instalaciones del Metro.
El juez otorgó 15 días para que las autoridades correspondientes le aporten un informe respecto a la demanda, y determinó que la audiencia será el 23 de marzo.
El 12 de enero Sheinbaum informó que un día antes había hablado con López Obrador para pedirle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, solicitud que le fue concedida, por lo que a partir de ese día 6 mil 60 elementos de ese cuerpo de seguridad acudirían a diversas instalaciones del Metro.
Entonces Sheinbaum, unos días después del choque de trenes en la Línea 3 ocurrido el 7 de enero, se refirió a una serie de desperfectos en el Metro, los que consideró “fuera de lo que normalmente ocurre” (después ha hablado de “incidentes atípicos” para hacer presunción de un supuesto “sabotaje”), por lo que recurría a la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios.
Apenas el pasado miércoles Guillermo Calderón Aguilera, director del Metro, refirió que el año pasado, en el Metro fueron robados más de 14 kilómetros de cables, lo que atribuyó a “un grupo del crimen organizado”, con lo que prácticamente negó el “sabotaje” por motivos supuestamente políticos.
