Ángela Buitrago, quien fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que, a nueve años de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, no hay ninguna sentencia condenatoria por los hechos, y destacó que debe haber una fiscalía realmente independiente y autónoma.
La especialista participó este lunes en el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa ¿qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que trató la situación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Fue lapidaria: no hay una sola sentencia condenatoria al respecto.
Dijo que hasta ahora sólo ha habido sentencias parciales “por delincuencia organizada en donde se capturó, por porte de armas o de droga, y sobre estos supuestos se ejerció. A hoy, no hay una sentencia condenatoria por los 43 desaparecidos, y estamos hablando del año 2023”.
Acerca de ese tema, abundó que las sentencias no han sido sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014: “La judicialización no ha sido total; las sentencias absolutorias han sido, la mayoría, en temas de crimen organizado por haber verificado elementos de tortura, y sobre estos supuestos hemos obtenido una judicialización parcial y unas sentencias parciales, pero respecto a un delito que, en realidad, si bien tiene que ver con la forma en que se operó, no tiene que ver con la investigación y la sanción de la desaparición, muerte y lesiones”.
Acerca de ello, aclaró que la investigación se debe realizar “de manera oficiosa, y además hay un plazo razonable que también ya se extiende en el tiempo: ya son nueve años sin que los padres ni la sociedad sepan qué ha pasado con la participación, con la realización, el procedimiento que se levantó en torno a esta desaparición forzada del 26 y 27 de septiembre”.
Para garantizar los derechos de las víctimas, dijo que ello se debe entender desde un contexto globalizado de las instituciones que participaron o que conocen de los hechos, y sobre ello realizar una construcción conjunta, lo que implica una decisión de Estado, la que “un presidente ha tomado como bandera desde antes de la campaña presidencial, pero que, sin lugar a dudas, todas las instituciones deberían seguir en la dinámica de cómo acceder a ese derecho a saber y a ese derecho a la verdad”.
Ello significa una apertura “no como una benevolencia de un sistema de turno, no como una benevolencia de un gobierno actual o posterior o anterior, sino que es un derecho a saber lo que pasó para evitar incluso revictimizaciones y para evitar que se desconozca una investigación y un juzgamiento contra los responsables”.
Sin embargo, dijo haber apreciado un “marcha atrás, marcha adelante”, y continuó: “Lamentablemente hay momentos en que nos llegó a convencer un marcha adelante: la creación de un cuerpo autónomo independiente. Pero a partir de que avanzó en el año 2019 la investigación, se empezaron a generar, a partir del año 2021 y de 2022, una serie de recortes en esa autonomía e independencia. Se han mencionado cosas que nunca sucedieron en la Unidad Especial, que también buscan deslegitimar su trabajo, que lo que buscaba era trabajar no sólo sobre las líneas de desaparición sino para garantizar el derecho a saber”. Sin embargo, dijo que esto “se ha ido difuminando con el tiempo”.
Agregó que el cambio de la fiscalía y la salida de todos los fiscales “sin duda redunda en el perjuicio de aclarar los hechos ocurridos, la de perseguir y sancionar a los responsables. Tenemos que decir que, en términos de justicia, de acceso a la verdad y de saber, se ha conocido en muchísimos elementos que permiten decir cómo actuaron de manera mancomunada todas las instituciones que estaban en Iguala el día 26 y 27 de septiembre”.
Pero acusó: “El tema más grave es que cuando llegamos a un elemento de clarificación que se tiene y se posee por las instituciones del Estado, como es Sedena, como es el Cisen, como es Marina, ahí hay inmediatamente un pare absoluto”.
“Si bien es cierto, y también hay que decirlo, que en el tema se permitió ir recorriendo caminos para abrir archivos militares, en el momento en que se encuentra la información que se refleja en los informes 3, 4, 5 y 6 del GIEI, también se llegó a socializar de manera intencional el hecho de que ya no hay más documentación, y creemos que la documentación por sí sola explica esos informes, pero además reporta que hay más información que debe salir a la luz”, explicó Buitrago.
Enfatizó en la necesidad de generar una revisión de esa situación para que se cumpla con la obligación de contar con los documentos producidos por las instituciones.
Para ello se requiere, mencionó, una decisión real, no sólo política sino de justicia, de la Fiscalía y de los jueces, para que tengan toda la claridad sobre la necesidad de la prueba,”, así como también de “la repercusión que también tiene el negar estos elementos probatorios para, de una u otra forma, evitar que se sepa el nivel de actuación, el nivel de deshumanización, de retaliación que se tuvo el 26 y el 27 de septiembre”.
También insistió en que, para lograr resultados, “tendríamos que trabajar en la necesidad de conseguir una Fiscalía que realmente sea independiente y autónoma”.
Al respecto, consideró que “una Fiscalía no puede estar al vaivén de las órdenes del presidente de la República solamente, ni del fiscal general cuando quiera o no quiera investigar. El fiscal, la Fiscalía tiene que tener una característica de independencia y autonomía donde le permitan llegar hasta los niveles que muestren la investigación para investigar, juzgar y sancionar”.
