El comité organizador del Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo” anunció que este año el ganador de dicho reconocimiento en su categoría grupal son seis habitantes de la comunidad mexiquense de San Pedro Tlanixco, quienes permanecen encarcelados desde hace 15 años por defender el derecho al agua.
Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y abogado de los mencionados pobladores, se congratuló por el reconocimiento y enfatizó que es una oportunidad “inigualable” para visibilizar los agravios de los que han sido víctimas sus defendidos, quienes recientemente fueron condenados a 50 años de prisión, con criterios “racistas” y de menosprecio a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
En entrevista, recordó que el conflicto en dicha comunidad indígena nahua, del municipio de Tenango del Valle, se remonta a hace más de 30 años, cuando una empresa floricultora de capital extranjero se instaló en el municipio aledaño de Villa Guerrero, donde empezó a explotar los recursos hídricos de la región en forma excesiva, lo cual empezó a generar inconformidad en los pueblos vecinos.
Uno de los puntos más álgidos de la historia ocurrió el 1 de abril de 2003, cuando un funcionario del sistema de aguas de Villa Guerrero murió de forma accidental al resbalar en una vereda muy empinada, mientras se dirigía a Tlanixco.
Cuando los habitantes de esta población indígena supieron que dicho funcionario pretendía ir hacia su comunidad, lo consideraron una provocación y tocaron las campanas de la iglesia, para convocar a la gente a reunirse y decidir como actuar, lo que forma parte de sus usos y costumbres.
Este hecho fue considerado por las autoridades como un “llamado a linchar” al servidor público fallecido. De esta manera, justificaron la aprehensión de seis habitantes de Tlanixco y su acusación por el delito de homicidio.
Los detenidos pasaron casi tres lustros en la prisión de alta seguridad de Almoloya sin una sentencia definitiva, pero en noviembre del año pasado, un juez penal de primera instancia los condenó a 50 años de cárcel –el máximo castigo que permiten las leyes mexicanas–, utilizando una serie de criterios muy cuestionables, indicó Lara.
Uno de ellos es considerar que guiarse por usos y costumbres “revela una falta de respeto a las normas de convivencia social”, y que identificarse como defensor del derecho humano al agua es un agravante del delito por el que se les acusa.
Asimismo, el juez validó que Dominga González Martínez –la única mujer señalada en este caso– pudiera ser detenida 3 años y 8 meses después de la muerte del funcionario de Villa Guerrero, con el testimonio de presuntos testigos que afirmaron que la responsable de la “conflictividad social” en Tlanixco era una señora “morena y chaparrita”.
Por todo ello, indicó que el CDHZL lanzará el 1 de abril una campaña por la libertad de los “presos políticos” de esa comunidad y del estado de México, que estará basada en la difusión en redes sociales de materiales sobre el tema, además de movilizaciones los días 31 y 30 de ese mismo mes.
