Por Julieta del Río
La clase política no debe tratar de engañar a las y los mexicanos. Hay que recordar algo fundamental: regular no significa censurar. Significa establecer reglas claras, proteger derechos, generar confianza y garantizar que el desarrollo tecnológico permanezca al servicio de las personas y no al revés
El martes pasado, la presidenta de la República volvió a colocar sobre la mesa un tema que seguirá marcando la agenda pública en México: la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial. El argumento es proteger a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos nocivos, adicciones digitales, manipulación y nuevas formas de violencia.
La causa es válida, legítima y necesaria
Sin embargo esa protección nunca debe convertirse en el pretexto para imponer controles que limiten la libertad de expresión, generen opacidad o faciliten mecanismos de censura. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio: proteger a la infancia sin restringir los derechos de periodistas, medios de comunicación y ciudadanía.
Basta revisar cualquier plataforma digital para entender que existe un problema que atender. Todos los días circulan imágenes de menores víctimas de violencia, transmisiones de hechos delictivos, contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial, campañas de desinformación, discursos de odio y materiales que vulneran la dignidad de las personas. La velocidad con la que se difunden estos contenidos supera, muchas veces, la capacidad de reacción de las autoridades y de las propias plataformas.
Y porque el problema es real, la solución debe construirse con inteligencia y con respeto absoluto a los derechos fundamentales.
Cada vez que se habla de regular las redes sociales y la inteligencia artificial surge una preocupación legítima: ¿se busca proteger a las personas o controlar lo que piensan y dicen? Esta pregunta ha polarizado el debate cuando, en realidad, el desafío es mucho más complejo.
No hay que ir demasiado lejos. Basta recordar lo ocurrido en San Luis Potosí con la llamada “Ley Serrano”. En esa entidad fue derogada una reforma al Código Penal local, aprobada en noviembre de 2025 por el Congreso del Estado, que contemplaba penas de hasta seis años de prisión por el supuesto “uso indebido de la inteligencia artificial”. En el marco de estas disposiciones se presentaron denuncias penales contra comunicadores, lo que generó una amplia preocupación por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
El caso demuestra los riesgos que pueden surgir cuando, bajo el argumento de regular una tecnología, se establecen disposiciones con conceptos ambiguos o sanciones desproporcionadas que pueden terminar afectando derechos fundamentales.
Respecto a la inteligencia artificial, la pregunta es quién debe regularla, bajo qué principios y cuáles serán los límites de esa regulación. En los últimos años, gobiernos, organismos internacionales, tribunales, empresas tecnológicas, universidades y organizaciones civiles han comenzado a discutir la necesidad de establecer marcos de gobernanza frente a una tecnología que avanza con enorme rapidez y cuyos efectos sociales dependen del contexto en que se utiliza
Regular las redes sociales y la inteligencia artificial no significa prohibirlas. Tampoco significa obstaculizar la innovación. Los modelos regulatorios que hoy se construyen en distintas partes del mundo buscan responder una pregunta mucho más difícil: ¿cómo aprovechar los enormes beneficios de estas tecnologías sin debilitar la dignidad humana, la privacidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales o la seguridad?
La experiencia demuestra que dejar el desarrollo tecnológico únicamente en manos del mercado puede generar enormes beneficios económicos, pero también importantes asimetrías de poder. Por ello, hoy se habla de gobernanza de la inteligencia artificial: el conjunto de reglas, instituciones, principios y responsabilidades que deben orientar su diseño, implementación, supervisión y control.
El Estado tiene una responsabilidad central, particularmente cuando estas tecnologías se utilizan en servicios públicos, justicia, seguridad, educación, salud o programas sociales. Las empresas privadas desarrollan los modelos y administran gran parte de la infraestructura tecnológica. Las universidades generan conocimiento. La sociedad civil documenta riesgos y abusos. Los organismos internacionales construyen estándares y los tribunales resuelven los conflictos entre derechos.
En este contexto, la regulación de la inteligencia artificial no puede reducirse únicamente a una reforma legislativa. Debe convertirse en un verdadero proceso de construcción institucional, donde se defina quién supervisa, cómo se supervisa y cuáles serán los mecanismos de rendición de cuentas.
También existen dudas legítimas. Si las redes sociales se han convertido en un factor que puede influir en la percepción y popularidad de los gobernantes, es comprensible que exista desconfianza frente a cualquier intento de regulación. Pero precisamente por eso el debate debe dirigirse hacia otro lado: hacia la construcción de reglas que impidan que el poder político utilice la regulación como una herramienta de control.
La clase política no debe tratar de engañar a las y los mexicanos. Hay que recordar algo fundamental: regular no significa censurar. Significa establecer reglas claras, proteger derechos, generar confianza y garantizar que el desarrollo tecnológico permanezca al servicio de las personas y no al revés.
Por ello resulta indispensable abrir un auténtico parlamento abierto. No uno de simulación, donde las conclusiones ya estén definidas de antemano, sino un ejercicio serio en el que participen especialistas en tecnología, protección de datos personales, derechos digitales, libertad de expresión e infancia, así como representantes de la academia, industria, periodismo, medios de comunicación y sociedad civil.
La inteligencia artificial y las redes sociales requieren reglas. Lo que México necesita es una regulación inteligente, transparente y proporcional; una regulación que proteja a niñas, niños y adolescentes, fortalezca la innovación, respete la libertad de expresión y coloque siempre a la persona y sus derechos en el centro de las decisiones.
