Frente a los representantes de los Poderes del Estado, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz defendió este lunes el primer año del renovado Poder Judicial de la Federación (PJF), y aseguró que es autónomo, no atiende “encargos” ni coyunturas y responde al pueblo, aunque admitió que aún persisten “resistencias” y prácticas heredadas del pasado.
Durante el acto conmemorativo del “Primer año de Justicia Real y Verdadera”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también respondió a los “críticos y detractores” que cuestionan la productividad del máximo tribunal. “No hay rezago, no hay ineficiencia; hay cambio real y verdadero”, sostuvo tras presentar cifras sobre los asuntos ingresados y resueltos.
Aguilar Ortiz fue el único orador y, durante 43 minutos, presentó el balance de los cuatro órganos superiores del PJF, aunque centró su exposición en la SCJN.
Lo acompañaron Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ); Gilberto Bátiz García, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Celia Maya García, del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Al acto, celebrado en el área de Murales de la SCJN, asistió la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, poco más de un año después de que, el 1° de septiembre de 2025, acudiera a la toma de posesión de los nueve ministros del pleno.
También estuvieron presentes secretarios de Estado, como los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina; los presidentes de ambas cámaras del Congreso; representantes de comunidades indígenas, de la sociedad civil, entre otros.
Balance del año
Sobre la SCJN, reiteró que la anterior integración, encabezada por Norma Piña Hernández, les heredó una “institución lenta, desordenada y con estadísticas poco confiables”. Frente a ello, afirmó que implementaron un nuevo modelo de gestión, con registros electrónicos, expedientes digitales, control de tesis, turnos aleatorios y seguimiento en línea de trámites, además de mecanismos para agilizar la resolución de asuntos.
Expuso que durante el último año ingresaron a la Corte 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales y se resolvieron 13 mil 231, equivalentes al 88 por ciento. Del total, apuntó, mil 479 asuntos fueron heredados de la integración anterior, de los cuales sólo quedan 44 pendientes. Algunos, enfatizó, permanecían sin resolver desde 2014 y 2015.
“El discurso rechaza por ello las críticas sobre un aumento del rezago y sostiene que la Corte está resolviendo ya más asuntos de los que recibe”, sostuvo.
También expuso que la Corte dio un viraje hacia una “justicia cercana al pueblo” y hacia una “justicia pluricultural”, con resoluciones sobre autogobierno indígena, administración directa de recursos, consulta previa, intérpretes, salud, medio ambiente, agua y patrimonio biocultural.
“Hoy el pueblo también manda en el PJF”, dijo.
SCJN mantiene política de austeridad
Aguilar Ortiz afirmó que en 2027 el PJF mantendrá su política de austeridad, aunque omitió referirse al aumento presupuestal que los órganos del Poder Judicial solicitarán a la Cámara de Diputados. La SCJN, por ejemplo, pedirá 17.2 por ciento más, en términos nominales, que este año.
“Se acabaron los privilegios”, enfatizó al confirmar que la Corte desistió de restituir el seguro de gastos médicos mayores para el próximo año.
Dijo que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) recibió del extinto Consejo de la Judicatura Federal un déficit presupuestario de 14 mil 466 millones de pesos, que, afirmó, logró mitigar al cierre de 2025.
Entre otras acciones, detalló que el OAJ orientó recursos hacia las sedes con mayores carencias; a través del Instituto Federal de Defensoría Pública abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural y atendió 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría, 12 mil 258 más que en el periodo anterior.
Mediante el programa de preliberaciones, 22 mil 202 personas obtuvieron su libertad. También emitió reglas sobre carrera judicial y especialización, impulsó mecanismos alternativos de solución de controversias y medidas de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.
Respecto al Tribunal de Disciplina Judicial, señaló que instaló seis visitadurías regionales para cubrir todo el país y abrió una oficina de atención ciudadana que ha atendido a más de mil 200 personas.
Además, modificó su esquema de evaluación para pasar de un enfoque cuantitativo a uno cualitativo, centrado en la calidad del trabajo judicial y no sólo en el número de asuntos resueltos.
Sobre el trabajo del TEPJF, informó que su Defensoría Pública Electoral atendió 78 asuntos especializados en violencia política de género y 929 mediante servicios gratuitos de orientación, asesoría y representación, incluidos casos de comunidades indígenas, población afromexicana, personas con discapacidad, mexicanos en el extranjero y personas de la diversidad sexual.
Además, consolidó su Escuela Judicial Electoral, fijó criterios de idoneidad técnica e integridad ética e impulsó una reflexión sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. También promovió, con la ANUIES, los “Diálogos sobre nuestra democracia” y avanza en una red nacional de justicia electoral digital con estándares comunes.
