Con 8 votos a favor y 3 en contra, lo que ayer hizo la Suprema Corte no fue legalizar o regular la marihuana. Fue repetirse a sí misma, por otra vía, frente a la irresponsabilidad del Congreso, específicamente de la cámara de diputados.
La Corte había creado jurisprudencia sobre la relación del individuo con la marihuana y ordenó (desde 2019) al Congreso de la Unión legislar desmontando la prohibición que afecta inconstitucionalmente a la libertad individual. El Senado inició ese proceso legislativo y la cámara de diputados no lo ha completado. El partido menos atento y más irresponsable fue Morena, el partido que era mayoritario. Por eso, dos años después, la Corte emite una “declaratoria general de inconstitucionalidad” y vuelve a ordenar al Congreso llevar a cabo la regulación que debió hacer –y que debería haber hecho sin intervención judicial, si fuera un poder generalmente progresista y vanguardista.
La repetición de la Corte –o de una mayoría de sus ministros- sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de la marihuana es importante, como la jurisprudencia relativa y lo aprobado en el Senado (con todos sus defectos), pero ninguna de las tres cosas es por sí misma la muerte efectiva y práctica de la prohibición porque no son la regulación. No se han traducido en regulación legal en vigor. Es lo que falta. La Corte ha dicho que la prohibición es inconstitucional y debe morir y ha empezado a matarla, pero la prohibición no ha muerto, ni ha sido sustituida por un conjunto de reglas apropiadas. Tan importante es que las leyes no contraríen a la Constitución (eso es la constitucionalidad) como que la Constitución se exprese y desarrolle en nuevas o mejores leyes. Eso sería la regulación formal y pública, democrática y liberal, además de adecuada y científica.
Sin verdadera regulación legal no habrá muerte real de la prohibición de la marihuana ni de la Prohibición general –o de las demás drogas-, la cual seguirá existiendo perjudicialmente cuando la particular de la marihuana deje de existir.
La regulación canábica llegará, pero no ha llegado. Se ha dado otro paso. Llegará cuando el Congreso de la Unión termine el proceso legislativo que es el proceso regulador. Llegará, temprano u otra vez tarde, ya que el proceso general es constitucional y jurídicamente incoactivo (inicia y enruta), como confirmó la Corte, y la presión sobre el Congreso se ha multiplicado, especialmente sobre los diputados. Presión con referencias de legalidad y de legitimidad.
Un obstáculo retardatario está o puede estar en el presidente López Obrador. Como siempre que se trata de medidas de progreso social. Hoy mismo dijo, gratuitamente, que si la decisión de la Corte perjudica, propondrá un cambio… No entiende. No ha entendido nada que tenga que ver con drogas, prohibiciones, “guerras” y regulaciones. Lo traicionan sus preferencias conservadoras. Y si los diputados oficialistas siguen incumpliendo sólo seguirán haciendo Historia en su contra.
José Ramón López Rubí Calderón
joseramonlrc@gmail.com
Politólogo, editor y consultor.
