miércoles, febrero 28, 2024

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Cervantes Parra tiene en la ilegalidad a la Consar

Autor: Ariel Ruiz Mondragón

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), actualmente encabezada por Julio César Cervantes Parra, opera entre irregularidades, ineficiencias, ilegalidades y opacidad, lo que ha afectado a los trabajadores y a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), como muestra en entrevista con etcétera el especialista Abraham Vela Dib, quien encabezó aquel organismo entre 2018 y 2021.

Una de las primeras medidas de la gestión de Cervantes Parra como presidente de Consar fue la de lograr que la información sobre los traslados de Afores solicitadas por los trabajadores fuera reservada por cinco años. Esa medida, considera el especialista Vela Dib, no debió ser aprobada ya que favorece la opacidad al pretender ocultar el error cometido al intentar evitar esos cambios, y puso en duda su legalidad porque debió intervenir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En una determinación por demás polémica, el año pasado la Consar determinó que a partir de la segunda quincena de diciembre fueran suspendidos los traspasos entre Afore solicitados por los trabajadores, en un principio por tres meses, periodo que después fue ratificado por tres meses más.

En ese periodo, el 9 de mayo, se anunció la designación de Cervantes Parra como nuevo presidente de la Consar. Apenas dos semanas llevaba en el cargo cuando se consumó un atentado contra la rendición de cuentas: el Comité de Transparencia de la Comisión aprobó que la información sobre la suspensión de los traspasos entre Afore solicitados por los trabajadores fuera declarada reservada por cinco años.

Acerca de esa muy discutible determinación dirigida contra la transparencia, en entrevista para etcétera Vela Dib, quien fue titular de la Consar entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, consideró que esa reserva para ocultar cambios entre Afore no debió haber sido aprobada “porque no hay ninguna razón sustantiva para hacerlo”. Añadió que probablemente la razón de ella fue que la Comisión “se dio cuenta de que había cometido un error con esa medida y se está tratando de evitar que esto se convierta en un tema político como resultado del error”.

“Es parte de las características de opacidad, falta de transparencia y de rendición de cuentas de la presente administración”, sentenció Vela Dib sobre la medida.

En la opinión de quien también fue especialista financiero en el Banco de México, la reserva de información debió haber sido autorizada por el INAI, además de que señaló que “si esta información originalmente no se encontraba catalogada como reservada o confidencial, no es correcto que ahora se haga así”.

Pero también advirtió que si en algún momento el INAI estuvo de acuerdo con esa reserva de la información por cinco años, “probablemente fue el resultado de las presiones a las que estuvo sujeto, políticas y por razones distintas”, además de que atraviesa una coyuntura muy complicada con esta administración.

Explicaciones pendientes
Debe recordarse que, ante las numerosas irregularidades y dudas que generó la suspensión de la liquidación de traslados entre cuentas, en la primera semana de junio el morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que Cervantes Parra compareciera ante los legisladores para explicar la situación.

Sobre esa suspensión de cambios de Afores dictada por la Consar y cuyos efectos tendría que explicar Cervantes Parra, Gutiérrez Luna dijo que se trataba de un “obstáculo” y que debería considerarse si esa medida “beneficia la optimización del ejercicio del derecho que es la disposición de los trabajadores de su ahorro para que esté donde ellos consideren que les pueda dar mejor beneficio”.

Al respecto, Vela Dib, doctor en Economía por la Universidad de California, recordó que en diciembre la Consar envió un oficio a la empresa Procesar, encargada del manejo de las bases de datos y de las transferencias de recursos, para que aceptara las solicitudes de cambios de Afore y les diera trámite, pero que no realizara la liquidación de los recursos y no fueran transferidos entre las administradoras.

De esa manera no se permitía al trabajador ejercer su derecho a estar en la Afore de su elección, como se encuentra establecido en los artículos 74 y 74 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

“Al no transferirse los recursos, no se concreta la solicitud de traspaso, por lo que, en mi opinión, se está violando el derecho del trabajador de que sus ahorros estén en la Afore de su preferencia”, comentó, categórico, Vela Dib.

Pero las irregularidades alrededor de lo anterior continuaron cuando terminó la suspensión en este junio. Vela Dib comentó que se les pidió a las Afore que volvieran a consultar al trabajador si quería continuar con el trámite de cambio: “Creo que si la voluntad del trabajador fue solicitar el cambio no habría que preguntarle si quiere continuar con él. Además, les resulta muy difícil localizar a los trabajadores porque muchos de ellos no tienen sus datos actualizados”.

Además, mencionó Vela Dib, antes las Afore competían en comisiones, rendimientos y atención al cliente, entre otros aspectos. Eso también fue afectado; al respecto, el especialista recordó declaraciones de Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, en las que dijo que las Afore “sintieron que sus derechos fueron afectados en términos de la sana competencia entre ellas y de poder ejercer cierto gasto comercial o de promoción, o de usos de asesores previsionales para tratar de competir entre ellas atrayendo trabajadores de otras Afore”.

“Tanto los trabajadores como las administradoras se vieron afectadas, los primeros en la libertad de elección y las segundas en la buena y sana competencia. Yo diría que a eso se reduce la afectación”, comentó.

Vela Dib también rebatió una de las argucias con la que la Consar ha querido justificar la suspensión de los traslados y que el presidente de la Comisión deberá explicar: el de que con esa medida se evitaría un daño patrimonial a los ahorros de los trabajadores por la percepción de que hay una minusvalía de los ahorros cuando hay cambio de Afore.

“Esa percepción no es correcta porque el mismo dinero que sale de la Afore es el que va a llegar a la nueva Afore; entonces, no se materializa ninguna pérdida. Los cambios de Afore de los trabajadores no tienen una incidencia sobre el valor de mercado de los activos en los que están invertidos sus ahorros”, dijo Vela Dib.

El extitular de la Consar añadió cifras: “El monto de los traspasos en el periodo enero-octubre del año pasado fue como de 15 mil millones de pesos. Eso fue menor, por ejemplo, a los retiros por desempleo y por matrimonio. Por otra parte, los activos totales del sistema son de 5 mil millones de pesos. Entonces pensar que el cambio de Afore iba a generar pérdidas me parece que es una exageración”.

Una medida más de la Consar fue eliminar los promotores de Afore e impulsar a los agentes previsionales. Sobre los primeros Vela Dib dijo que dejaron de serlo porque la Comisión instruyó a las administradoras para que les pagaran un sueldo y ya no recibieran comisiones, lo que disminuyó sus ingresos.

Ello tuvo un efecto perverso: la medida fue un incentivo para que quienes fueron promotores, ahora ya sin estar certificados ni acreditados ante la Consar, realicen ese trabajo de manera independiente y sigan contactando a los trabajadores, por lo que es fácil que incurran en malas prácticas, aclaró Vela Dib.

Añadió que también es una medida ilegal de la comisión encabezada por Cervantes Parra: en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro está prevista la figura de agente promotor, lo que no ocurre con la nueva figura de asesores previsionales, que carece de sustento jurídico.

Al respecto, Vela Dib también fue contundente: “No basta con una circular o con un oficio, y con cambiarle de nombre a una figura y hacer modificaciones no previstas en la ley sobre sus esquemas de remuneración, y que esto no cuente con la aprobación de las administradoras”.

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