La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer un informe especial sobre los 45 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes -antes consejos tutelares-, a cargo de los gobiernos estatales y el de la Ciudad de México, “que infringen la ley penal de la república mexicana”.
En un documento de 62 cuartillas, la CNDH da cuenta a la opinión pública y a las autoridades, firmado por Luis Raúl González Pérez, se señala que como resultado de visitas realizadas por personal de ese organismo a dichos centros, se detectó la existencia de situaciones que contravienen diversas normas nacionales e internacionales que vulneran los derechos humanos.
Para elaborar el informe, se indica, entre abril de 2018 y marzo de 2019, servidores públicos de la comisión, con el apoyo de personal de los organismos públicos protectores de derechos humanos los estados de la República, efectuaron visitas de supervisión a los 45 centros de tratamiento interno que funcionan en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, “para examinar, desde su ingreso y durante su permanencia; el trato y condiciones de detención de los adolescentes”.
Derivado de ello, se encontraron en términos generales, anomalías “relacionadas con el trato, condiciones de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas y falta de personal especializado”.
Asimismo se identificaron “deficiencias en la alimentación; problemas de gobernabilidad, privilegios; así como inapropiada separación y clasificación”.
De los 45 centros de tratamiento interno que se encuentran en funcionamiento, seis son varoniles, 35 alojan a hombres y mujeres (mixtos), y cuatro son exclusivos para personas del sexo femenino.
La capacidad instalada es de seis mil 866 espacios, mientras que el número de personas internas al momento de la visita, asciende a mil 445, entre los cuales se encuentran mil 237 hombres y 208 mujeres.
De este universo, 431 personas adolescentes se encuentran sujetas a procedimiento y mil 14 “están cumpliendo una medida de tratamiento”, dictada por un juez. El 94 por ciento de quienes se encuentran internos, se les imputaron delitos del fuero común, y al resto del fuero federal.
Para elaborar este informe, personal de la CNDH y de las comisiones estatales coadyuvantes aplicaron entrevistas con los responsables de los centros de tratamiento interno, personal médico, técnico y guías técnicos (seguridad), así como la aplicación de 761 encuestas anónimas a igual número de personas internas, lo que equivale a una muestra del 53 por ciento de la población de los establecimientos visitados.
Entre otras situaciones anómalas detectadas en lo general están “irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos, deficiencias en la prestación del servicio médico, ausencia de programas contra las adicciones, insuficiencia de personal y de actividades necesarias para la reintegración social y familiar”.
Además “falta de capacitación del personal y deficiencias en la supervisión de los centros de tratamiento interno, obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias, deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior, así como falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física”.
También se identificaron instalaciones que “presentan anomalías o no reúnen condiciones para garantizar una estancia digna, debido a que presentan deficiencias relacionadas con la, carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o regaderas; así como falta de vidrios en ventanas”.
Luis Raúl González Pérez advierte en su informe especial que la situación de los adolescentes privados de la libertad por haber infringido las leyes penales, “es un tema relevante para la CNDH debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran dada su condición de internamiento y características propias de la etapa en desarrollo”.
El ombudsman nacional emitió un exhorto a los gobernadores de los estados y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que corrijan las múltiples irregularidades observadas. Se les pidió “realizar las gestiones pertinentes para que los centros de tratamiento interno a su cargo reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad y cuenten con espacios suficientes para garantizar a las personas privadas de a libertad una estancia digna y segura, así como el acceso a los servicios y actividades necesarias para el cumplimiento de las medidas de tratamiento en internamiento”. La Jornada
