Acaso haya sido la de Irma Eréndira Sandoval la figura más cuestionable del gabinete de López Obrador. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, acusa poca experiencia para ejercer su cargo pero su trayectoria es limpia y, ante el control militar de facto de la Guardia Nacional –que ahora el presidente quiere, además, volver de jure–, su función es, si no decorativa, sí muy limitada. Aunque en una cartera más importante, lo mismo puede decirse de la secretaria de Educación Delfina Gómez. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, encabeza la que acaso sea la dependencia más importante de la administración pública federal en tiempos de pandemia, y su actuación ha sido lamentable, sí, pero no por acción sino por omisión.
Hay otras figuras tan polémicas como Sandoval con resultados igualmente bochornosos –la directora de Conacyt María Elena Álvarez Buylla, la de Conade, Ana Gabriela Guevara– pero forman parte del gabinete ampliado, no del legal. Por supuesto, el rostro más oscuro del gobierno federal es Manuel Bartlett –orquestador del fraude electoral más artero en la historia de México, artífice de una política energética espectacularmente retrógrada, probadamente corrupto– pero, otra vez, no es secretario de Estado.
Cierto: hay una secretaria cuya actuación podría haber hecho al país tanto daño como la de Sandoval –Rocío Nahle, la gran enemiga de las energías renovables– pero una decisión razonablemente oportuna de la Suprema Corte lo impidió y, además, si bien su capacidad y su idea de mundo han sido puestas en tela de juicio, nadie duda de su probidad.
Había de ser, pues, Irma Eréndira la secretaria de Estado que reuniera todos los vicios. La que tildara al Fonca de órgano salinista “nacido para controlar rebeldes y premiar compadres” y articulara su desmantelamiento con el del resto de los fideicomisos de ciencia y cultura. La que se hiciera cómplice de la justicia selectiva que mantiene a Rosario Robles en prisión, a Emilio Lozoya en su casa y al presidente Peña Nieto y el resto de sus cófrades en el exilio. La que se hiciera de la vista gorda ante las corruptelas del gobierno federal –la prima del presidente que hace negocios multimillonarios con Pemex y otras dependencias, el director del IMSS que tiene a su hermano por proveedor, el mismo Bartlett con sus 23 propiedades innmobiliarias y 13 empresas no declaradas– sin dejar de presumir de implacabilidad. Y, peor, la que posee junto con su marido seis inmuebles no declarados comprados en los últimos 9 años, cuyo valor no corresponde a sus ingresos declarados y uno de las cuales les fue cedido por el Gobierno de la Ciudad de México cuando la gobernaba el actual secretario de Relaciones Exteriores, todo mientras encabezaba una dependencia cuya misión es justamente el combate a la corrupción que el presidente dice tener como prioridad en su agenda.
El despido de Sandoval ha sido tomado por buena noticia por un sector amplio de la opinión pública. No comparto la alegría. Y no porque considere que su sucesor, de quien poco sé y poco se sabe, pueda hacerlo peor –difícilmente alguien podría desempeñar peor ese cargo y, además, el hombre exhibe credenciales correctas– sino porque su remoción no obedece a alguna de las razones arriba listadas sino a una que es vox populi: haber desafiado la voluntad presidencial al impulsar al gobierno de Guerrero la candidatura de su hermano en oposición a la del favorito del presidente, el justamente polémico Félix Salgado Macedonio.
Ante ello, el mensaje que deja la salida de Sandoval del gabinete resulta aún más aterrador que su gestión: en este gobierno se valen el enriquecimiento ilícito, la justicia selectiva, el encubrimiento, la calumnia, la destrucción institucional; lo único que resulta inadmisible es desafiar la voluntad del Soberano.
No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, nos decían de niños; peor, por lo visto, son las cosas malas que parecen buenas.
Nicolás Alvarado
nicolasalvaradov@gmail.com
Periodista
