La decisión de Ximena Puente de la Mora de renunciar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para ser incluida en la lista de diputados plurinominales del PRI, es sumamente cuestionable y pone en entredicho su labor, al dejar claro que no cumplía con el requisito de independencia que deben tener los comisionados de dicho organismo.
Así lo afirmó Jacqueline Peschard Mariscal, ex presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), quien consideró necesario establecer en la ley un cierto periodo de tiempo antes de que un ex comisionado pueda ocupar un puesto en instituciones públicas o partidos políticos.
En entrevista con La Jornada, la investigadora afirmó que, si bien no hay ningún impedimento legal para que un integrante del Pleno del Inai pueda aspirar a un cargo de elección popular a través de algún partido, sí resulta contradictorio con el trabajo que realizan los miembros de dicha institución.
“Es algo completamente indebido, porque la ocupación de un cargo en un órgano así exige niveles de autonomía e independencia frente a las fuerzas políticas. El hecho de que ella salte como candidata a diputada antes de que termine su gestión (el próximo 31 de marzo), implica que hay una vinculación estrecha con el partido que la postula”, indicó Peschard.
Asimismo, la especialista en temas de transparencia señaló que la decisión de Puente incluso hace sospechar que haya tenido vínculos con el PRI, o incluso “compromisos indebidos”, desde que se le designó como comisionada.
Mientras tanto, el comisionado del Inai Joel Salas Suárez escribió ayer un tuit en el que señaló que la legitimidad de los órganos constitucionales autónomos “reside en buena medida en la autonomía de sus titulares”, por lo que llamó a crear un candado para que estos funcionarios “no puedan brincar de manera directa a un cargo de elección popular”.
Su colega Patricia Kurzcyn respondió a ese mensaje afirmando que coincidía plenamente con su opinión y consideraba que este escenario de debía a una omisión legislativa.
La Jornada
