Demandan atención a personas en situación de calle . Pandemia agrava circunstancia desfavorable

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Es urgente que las autoridades gubernamentales generen políticas públicas integrales con el fin de que se pueda garantizar el acceso a la salud, economía, trabajo y un techo digno para las personas en situación de calle, advirtió la psicóloga Jorgelina Dilorio.

Como parte de las actividades de la Semana de la Justicia Social, organizada por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la especialista presentó la ponencia “Justicia social para personas en situación de calle”.

En su exposición, indicó que la pandemia por covid-19 “ iluminó las inequidades que enfrenta este sector y que están más expuestos a los impactos físicos, económicos, sociales y legales que generó la pandemia”.

Dilorio indicó que el aislamiento establecido por las autoridades hizo más visible este grupo, y es que, día con día, se mezclan entre las masas que caminan por las calles, pero con el confinamiento quedaron solos en la vía pública.

“Las políticas públicas se pensaron solo para aquellas personas que tienen un hogar, en tanto, el trabajo que se hizo con las personas que viven en las calles estuvo a cargo de organizaciones comunitarias”, aseveró.

La especialista puntualizó que estas medidas generaron un tipo de violencia contra los indigentes, y es que, en un principio, cuando las autoridades exhortaban a que las personas permanecieran en casa, para ellos, la calle era su hogar, donde estaban más expuestos a los posibles contagios.

A ello, se suma la brecha digital, pues gran parte de los trámites para apoyos gubernamentales ofrecidos en distintas ciudades de México y el Mundo se realizaban por internet y este sector no cuenta con acceso a este servicio.

Además, las ciudades que contaban con espacios para que pasaran la noche, determinaron el cierre de estos, para evitar contagios.

Finalmente, se agudizó la violencia física y el repudio en su contra, incrementando los casos de agresiones físicas y verbales.

Eso generó que “se sintieran culpables de contagiar a otros, además, preferían no asistir a hospitales o clínicas por el miedo a ser maltratados y discriminados”, remarcó.

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