Ante denuncias de grupos ecologistas y ambientalas en los planos local,nacional e internacional en relación a proyecto inmobiliario en la costa de Chuburna, el Gobierno del Estado de Yucatan hizo llegar a los medios el siguiente comunicado
Progreso Yuc. 25 julio 2026
Gobierno de Yucatán reafirma la protección del manglar y la duna costera en Chuburná y solicita a la autoridad federal verificar el cumplimiento del proyecto «Las Dunas”
El Gobierno del Estado solicitó formalmente a la Semarnat y a la Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones federales del proyecto «Las Dunas», al tiempo que reafirmó que los dictámenes estatales obligan a la conservación del manglar, el humedal costero y la duna costera en Chuburná.
Ante el interés público en torno al proyecto denominado Complejo Turístico «Las Dunas», ubicado en la localidad de Chuburná, municipio de Progreso, el Gobierno del Estado de Yucatán informa que ha solicitado formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto.
Asimismo, precisa que los dictámenes emitidos por las autoridades estatales condicionan expresamente la conservación total del humedal costero, del manglar y de la Zona Federal Marítimo Terrestre presentes en el predio, cuya protección constituye un requisito obligatorio para el desarrollo de la obra.
Ante el interés público en torno al proyecto denominado Complejo Turístico «Las Dunas», ubicado en la localidad de Chuburná, municipio de Progreso, el Gobierno del Estado de Yucatán informa que los dictámenes emitidos en el ámbito estatal condicionan expresamente la conservación total del humedal costero, del manglar y de la Zona Federal Marítimo Terrestre presentes en el predio, y que ha solicitado formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que, en el ámbito de sus atribuciones, verifiquen y supervisen el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto.
Los dictámenes de Factibilidad Urbana Ambiental emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial establecen con claridad que 45,728 metros cuadrados de humedal costero y 2,880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre no pueden ser ocupados ni modificados de ninguna forma, por lo que más de la mitad de la superficie del predio debe destinarse a conservación. Asimismo, disponen que las especies de manglar presentes en la zona no deben ser afectadas ni su hábitat modificado, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.
Conforme al marco jurídico vigente, la evaluación del impacto ambiental de obras y actividades en humedales costeros, el otorgamiento y la vigilancia de las concesiones sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como la protección de los manglares, son competencia exclusiva de la Federación.
De acuerdo con la información disponible en el ámbito federal, el proyecto cuenta con la documentación correspondiente en esas materias; en consecuencia, corresponde a la Semarnat y a la Profepa constatar que las obras se ejecuten en estricto apego a los términos, condicionantes y medidas de protección establecidos en dichas autorizaciones.
El Gobierno del Estado ha hecho llegar a la autoridad federal la información técnica con la que cuenta, como parte de una coordinación institucional respetuosa de la distribución de competencias, y confía en que la Federación ejercerá oportunamente sus facultades de verificación y vigilancia en beneficio del patrimonio natural de todas y todos los yucatecos.
En el ámbito de su competencia, el Gobierno del Renacimiento Maya mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las condicionantes estatales y no permitirá afectación alguna al manglar ni a la duna costera. La costa yucateca es el sustento de miles de familias que viven de la pesca y del turismo, y su protección constituye una prioridad que está por encima de cualquier proyecto particular.
El Gobierno del Estado reitera su plena disposición para colaborar con las autoridades federales y con el Ayuntamiento de Progreso en el seguimiento de este caso, con total transparencia y con un solo objetivo: que el desarrollo de la costa de Yucatán sea ordenado, legal y respetuoso del entorno natural que da identidad y bienestar a las comunidades costeras.
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