En apenas cinco días, Alfonso Durazo, todavía secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pasó de tratar de convencer a México de que el país ha llegado, en materia de violencia, a un “punto de inflexión” que vislumbra un mejor futuro, a ser el artífice de un fiasco monumental en Culiacán, que costará al gobierno reputación internacional y doméstica.
El lunes pasado, el gabinete de seguridad se presentó en la mañanera para dar un informe de los avances en esa materia. Durazo habló ese día largo de la tarea que le encargó el presidente López Obrador.
De su discurso, la prensa destacó que si bien algunos índices delictivos parecen haber tomado otra inercia, menos pronunciada de la que se padeció en los meses iniciales de la administración, el cambio estadístico es tan raquítico que no es tiempo de echar campanas al vuelo, y de ahí que trascendiera a encabezados periodísticos una frase usada ese día por el sonorense: “nada qué festejar” (también dijo “nada qué presumir”).
En su presentación, el todavía secretario Durazo recordó que en noviembre pasado habían presentado el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En su corte de caja del lunes pasado el todavía funcionario subrayó varias cosas que no muchas horas después la realidad pondría en duda.
Hace una semana Durazo destacó que:
-(han iniciado) Homologación progresiva de salarios, capacitación y equipamiento policial, de tal manera que los cuerpos estatales y municipales de seguridad puedan actuar a la par y con el nivel de profesionalismo que tiene la Guardia Nacional.
-Los cuerpos de seguridad actúan en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos. No hemos recibido en este gobierno absolutamente ninguna recomendación por violaciones a los derechos humanos de los cuerpos federales de seguridad.
-Nos proponemos la recuperación y dignificación de las cárceles para terminar con el autogobierno, desde ellas se administra el 50 por ciento del crimen organizado en el país.
-Uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado; es decir, no en el ámbito operativo, aunque también se incluye, pero no de manera prioritaria.
-La Marina tiene una aceptación del 86.5 por ciento; el Ejército, del 83.2 por ciento; y la Guardia Nacional, a cuatro meses de su constitución, tiene una aceptación de 70.9 por ciento. Pudiera decir que no hay institución en el país pública, social o privada que tenga estos índices de aceptación.
Antes de que terminara la semana, graves sucesos desmontaron el optimismo oficial. Vimos una matanza de policías mal equipados en Michoacán, una masacre de civiles en Guerrero donde surgen dudas razonables sobre posible abuso de los militares, una cárcel que se sumó a la rebelión en Culiacán, donde quedó evidenciado que en el operativo para detener a un hijo del Chapo Guzmán hubo de todo, menos un ápice de inteligencia.
Encima, Durazo mintió a la ciudadanía en su primer comunicado respecto a la crisis de Culiacán, y en el caos de ese jueves, quienes hayan diseñado y aprobado tan deficiente operativo, que causó muertes, heridos y pánico, se llevaron entre las patas el prestigio del Ejército y la Guardia Nacional, esas aprobaciones que presumían apenas el lunes en Palacio Nacional.
A la luz de todo lo acontecido en la semana, podemos en efecto citar a Durazo y decir con puntualidad: en seguridad, de lo mostrado por este gobierno, “nada qué festejar”.
Hoy solo depende del presidente López Obrador permitir que su todavía colaborador lo vuelva a llevar a una grave situación como la del jueves. En algunas materias, una oportunidad fallida es demasiado.
Salvador Camarena
