Por julieta del Rio
-Hay relaciones que funcionan mientras todos obtienen beneficios. Los contratos se adjudican, el dinero público circula y empresarios y servidores públicos mantienen vínculos que deben examinarse cuando existen indicios de posibles irregularidades. Pero ¿qué ocurre cuando llegan las auditorías, aparecen grabaciones y quienes participaron comienzan a preocuparse por sus propias responsabilidades?
Cuando una investigación avanza, los intereses pueden cambiar. Quienes antes compartían negocios toman distancia; quienes disfrutaron de los beneficios buscan defenderse, y quienes conocen los detalles de las operaciones pueden aportar documentos, comunicaciones o testimonios para esclarecer lo ocurrido.
El caso del Instituto Nacional Electoral (INE) plantea preguntas que van más allá de una persona o una contratación. Las revelaciones periodísticas sobre presuntos vínculos entre proveedores y personas cercanas a la entonces consejera presidenta obligan a investigar si se trata de hechos aislados o de una red más amplia de relaciones empresariales y decisiones administrativas.
En octubre de 2026, diversos reportes periodísticos dieron cuenta de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre empresas proveedoras de material electoral por posibles irregularidades en contrataciones públicas. Entre los señalamientos figuran presuntas simulaciones de competencia, triangulación de recursos y vínculos entre sociedades. Son hechos que deben esclarecerse mediante pruebas y procedimientos legales.
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Uno de los puntos que requiere mayor precisión es el supuesto bloqueo de cuentas y su posterior liberación mediante un amparo. Aunque se han publicado antecedentes sobre medidas de la UIF contra personas y empresas, no he podido confirmar documentalmente que las cuentas de Corporativo Zeg fueran específicamente las bloqueadas y liberadas mediante ese recurso jurídico. La propia presidenta de la República confirmó esta situación en su conferencia mañanera, entonces si ya tenían estos antecedentes es obligado preguntar por qué siguieron trabajando con ellos.
Las grabaciones difundidas públicamente abren otras interrogantes: ¿quién las realizó y con qué propósito? Su contenido podría aportar elementos para reconstruir los hechos, pero cualquier hipótesis sobre la participación del proveedor en su difusión o sus posibles motivaciones debe comprobarse.
Las autoridades no deben limitarse a quienes aparecen en los videos o han sido señalados públicamente. Es necesario reconstruir la secuencia de decisiones, identificar a los participantes y determinar si existieron vínculos que influyeron en las contrataciones.
Lo digo desde mi experiencia en el servicio público. Como contralora general del estado de Zacatecas, aprendí que no basta con revisar expedientes: hay que examinar las relaciones entre servidores públicos y empresas, analizar las decisiones administrativas y reunir pruebas para establecer responsabilidades. Durante mi gestión, inhabilité y denuncié penalmente a servidores públicos coludidos con empresas. Sé que llegar al fondo de estos asuntos exige ir más allá de las apariencias.
No basta con investigar a los empresarios. También deben revisarse las actuaciones de quienes intervinieron en las contrataciones, evaluaron propuestas, autorizaron pagos o tenían la obligación de supervisar los procedimientos. Si hubo omisiones, complicidades o beneficios indebidos, las responsabilidades deben determinarse conforme a la ley.
Si un proveedor aporta información para defenderse o deslindar responsabilidades, esta debe investigarse, no aceptarse sin corroboración ni descartarse por conveniencia. La autoridad debe contrastar versiones, revisar las relaciones corporativas y seguir las rutas del dinero. Quien señala a otros también debe responder por su propia participación si existen pruebas en su contra.
Por ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe investigar los hechos dentro de sus atribuciones y darles el seguimiento correspondiente. Las renuncias, separaciones del cargo o relevos administrativos no sustituyen las investigaciones ni explican cómo se adjudicaron los contratos, quién tomó las decisiones o qué ocurrió con los recursos públicos.
La fiscalización debe examinar los expedientes, los vínculos entre proveedores, la competencia efectiva, los precios, las comunicaciones relevantes y la actuación de los órganos internos de control. También debe determinar si hubo alertas que no se atendieron y si los mecanismos de vigilancia funcionaron.
Lo que está en juego no es solamente la situación de una funcionaria o de una empresa, sino la confianza pública en una institución fundamental para la democracia. Ninguna investigación debe detenerse ante jerarquías, nombres o intereses económicos.
Si existió una red de relaciones indebidas, hay que identificar a todos sus integrantes, dentro del INE y entre los proveedores. Si hubo beneficios ilegales, hay que seguir el dinero. Y si participaron servidores públicos o empresarios, cada quien debe responder por sus actos. Las renuncias no cierran las investigaciones: deben hacerlo los resultados, las pruebas y la rendición de cuentas.
¡Ahora la presidenta pide revisar 20 años atrás! Hay responsabilidades que prescriben y otras que deben investigarse oportunamente. Por eso, cabe preguntar: ¿por qué hacerlo ahora y qué se hizo durante todos estos años? La rendición de cuentas exige transparencia, investigación y consecuencias; no basta con anunciar revisiones cuando las pruebas pueden haberse perdido y la justicia puede llegar demasiado tarde. Mejor que se concentren en resolver los problemas del presente.
