Ciudad de México. Un tribunal colegiado ordenó la inscripción inmediata de una niña con síndrome de Down, en el tercer grado de primaria, para el ciclo escolar 2026-2027 que inició el lunes 31 de agosto.
La determinación aprobada por unanimidad del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca determinó la urgencia de garantizar el derecho a la educación inclusiva, adecuada a la edad mental y capacidad cognitiva de la niña, además busca hacer valer la protección reforzada de sus derechos.
El padre de la niña de nueve años y con síndrome de Down presentó un recurso de queja ante dicho tribunal que modificó la decisión previa de un Juzgado de Distrito. Los magistrados establecieron que, mientras se regularizan los registros escolares y lleva a cabo una evaluación integral, ella debe ser inscrita en el grado que corresponde a su desarrollo real, evitando así daños irreparables y discriminación por motivos administrativos.
De acuerdo con los antecedentes, el padre promovió un juicio de amparo indirecto en representación de su hija para enfrentar omisiones y negativas de diversas autoridades educativas para regularizar los registros escolares de la menor. La niña cursó 1° y parte del 2° grado de primaria en un Centro de Atención Múltiple (CAM 01) y, por recomendación técnica, fue transferida a una escuela regular en la cual, materialmente, volvió a estudiarlos como parte de un proceso de adaptación a su nuevo entorno, aunque administrativamente fue inscrita en grados distintos, debido a irregularidades en los registros del colegio.
A pesar de las gestiones de los padres y de la intervención de equipos técnicos de educación especial, las autoridades educativas insistían en inscribir a la niña en grados que no correspondían a su avance real, lo que ponía en riesgo su derecho a la educación y su integración escolar.
El Tribunal Colegiado analizó la situación bajo los principios de interés superior de la niñez y educación inclusiva. Consideró que la educación debe adaptarse a las necesidades y capacidades de cada alumno, especialmente cuando se trata de niñas y niños con discapacidad. Al revisar el caso, corroboró que la negativa de inscribirla en el grado adecuado, basada en registros administrativos erróneos, constituía una barrera discriminatoria y contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.
