En una decisión que será debatida mucho tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, una institución que tendrá a su cargo la administración de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, administrados actualmente por las Afore, siempre que no hayan sido reclamados por los trabajadores al cumplir 70 años, en el caso de personas afiliadas al IMSS, y 75 años tratándose del Issste. Se trata de 45 mil millones de pesos. Aparentemente, es un movimiento sin trascendencia, incluso deseable, porque los recursos pasarán de manos del sector privado a las de un organismo estatal, el llamado Fonpebi, la nueva estructura burocrática de perfil financiero.
Según los ministros que aprobaron la histórica decisión, los trabajadores no pierden sus ahorros, siguen siendo de su propiedad o de la de sus beneficiarios y pueden reclamar su devolución en cualquier momento. En teoría, la reforma no autoriza la apropiación de esos recursos por parte del Estado ni extingue los derechos de sus titulares, únicamente cambia la institución encargada de administrarlos. La discusión que ha precedido al fallo de la Corte cuestiona si era necesario el traslado. Una pregunta flota en el ambiente: ¿quién será el político a quien le toque manejar tamaña fortuna? La reforma tiene que probar que está a prueba de corruptelas.
Enrique Galvan Ochoa
