La colusión de cinco empresas supuestamente competidoras para adjudicarse contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en organismos públicos locales electorales (OPLE) constituye una abierta violación a la legislación en la materia, al configurarse un esquema de competencia cooperante para la fijación de precios en licitaciones públicas, señaló Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen).
De acuerdo con el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, esa confabulación (https://shorturl.at/3vj6e) es reconocida por ex funcionarios del instituto.
En entrevista con el Diario La Jornada, Martínez Cortés comentó que este tipo de prácticas confirman cómo la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) operó históricamente bajo un esquema de omisiones deliberadas para beneficiar a diversos grupos económicos.
Explicó que el esquema detectado en los concursos del sector electoral responde a una dinámica de oligopolio donde las compañías aparentan independencia, pero coordinan sus propuestas económicas para asegurar que una de ellas resulte beneficiada.
“Las empresas dicen competir, pero acuerdan precios y determinan qué empresa es la que puede dar la mejor oferta del producto y las otras pueden, ya sea reducir o estar a la par”, lo que deriva en “una competencia amañada o cooperante” que distorsiona la libre concurrencia.
Subrayó que este caso no es aislado, sino el reflejo de un patrón de actuación de la anterior autoridad reguladora, la cual, consideró, funcionó para “proteger intereses económicos, políticos, sociales” mientras “pocos casos indagaron oligopolios”.
El coordinador del Lacen indicó que la Cofece solía sesgar sus determinaciones debido a la “puerta giratoria” entre el servicio público y los entes regulados, ya que “lo que hacía la Cofece era más que nada proteger intereses y grandes intereses en relación a empresas donde ex funcionarios estaban y siguen estando en su consejo como directores o directores generales consolidando un aparato amañado para poder proteger esos intereses”.
El analista precisó que la falencia principal del órgano regulador anterior residió en su inacción sistemática ante distorsiones severas del mercado, destacando que “la comisión trabajaba mediante omisiones”; es decir, “no estudiaba el caso”.
Expedientes de oficio
Martínez Cortés aclaró que, si bien en el plano regulatorio “la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) –paradójicamente– no es retroactiva”, debe asumir un rol proactivo. La ruta exige que la CNA ejerza plenamente sus facultades legales e inicie pesquisas de manera directa, dado que “la CNA debe tener mayor precisión en el quehacer en el mercado” e iniciar expedientes “de oficio, no por demanda”.
Destacó que para evitar que casos como el de los proveedores del INE y los OPLE se repitan, la CNA tiene la obligación legal de “ser más precisa en la investigación”, haciendo uso extensivo de las pesquisas de oficio para desmantelar acuerdos colusorios, sancionar las prácticas absolutas de mercado e impulsar una verdadera competencia económica en las compras públicas.
