Autor: Rafael Hernández Estrada
A tres meses de la tragedia, Francisco Garduño sigue en su puesto de titular del Instituto Nacional de Migración, pese a que es el principal responsable del suceso que arrebató la vida a 40 migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez. El caso de Garduño es un botón de muestra de que, en el México de la 4T, está abrogada la regla de “el que la hace, la paga”. Lo que prevalece es la impunidad para el grupo en el poder y sus aliados.
El incendio del 27 de marzo de 2023 en instalaciones del INM evidenció que las víctimas se encontraban privadas de su libertad, encerradas tras las rejas y bajo llave, contra lo que indican las leyes, los tratados internacionales y los protocolos sobre el trato digno y respetuoso que merecen las personas migrantes. A los pocos días, fueron detenidos y acusados de homicidio un migrante sobreviviente al que se la imputa el inicio del incendio, así como cuatro agentes de seguridad privada que estaban de guardia esa fatídica noche, pero no Garduño ni algún directivo del INM. No fue sino hasta el mes de mayo, que un juez sometió a proceso al alto funcionario por delitos “no graves”, pero éste, a pesar de que incumplió su obligación legal de salvaguardar y proteger a los migrantes, goza de libertad, tiene una garantía presidencial de impunidad y conserva el cargo público,
La impunidad es un cáncer de la convivencia social, es una condición de ruptura de las normas que organizan a la sociedad y establecen límites de actuación a todos sus integrantes. Estas normas disponen el mandato general de cumplir obligaciones y de respetar los derechos de los demás. También señalan las sanciones a que se hacen acreedores quienes violen las leyes, por lo que tienen una función punitiva (castigar a los delincuentes), pero también disuasiva, porque el resto de las personas evitan incurrir en conductas ilegales por temor a ser sancionadas. La ausencia o falta de sanción a los infractores de la ley tiene un efecto disolvente de la vida en sociedad. El que no haya castigo es un estímulo para que los criminales sigan delinquiendo, a la vez que representa una invitación a quienes no delinquen para que lo hagan y obtengan las ventajas que el crimen produce.
La cosa se agrava si la impunidad protege a personas que ostentan cargos de autoridad, las que teóricamente debieran ser las primeras obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley. Las exoneraciones decretadas desde el púlpito mañanero son la abolición práctica del principio de legalidad y la instauración de la ley de la selva, pues autorizan a los gobernantes a practicar todo tipo de abusos, arbitrariedades, desfalcos al erario y omisiones criminales.
López Obrador ratificó en su cargo a Garduño, pese a su evidente responsabilidad en el homicidio doloso masivo. calificando como “muy bueno su trabajo hasta ahora”. Pero no es un caso excepcional, forma parte de una lista de altos funcionarios que tienen patente de corso para quebrar entidades públicas y dependencias de gobierno, desviar recursos, saquear fondos públicos, incumplir sus responsabilidades de servicio, favorecer a sus parientes, amigos y compadres con las contrataciones del gobierno.
Por regla, estas exoneraciones se otorgan con base en argumentaciones triviales: Hugo López Gatell, el omisivo responsable del desastre fúnebre de la pandemia, “es buena gente” y por eso sigue en el cargo; Ignacio Ovalle “fue engañado” en el desfalco de 15 mil millones de pesos (tiene un nuevo hueso en Gobernación); Juan Antonio Ferrer y Pedro Zenteno, destructores del INSABI y de BIRMEX, fueron promovidos a una subsecretaría en Salud y a la dirección del ISSSTE, respectivamente; la responsable por financiamiento ilícito de Morena, Delfina Gómez, fue candidateada para gobernadora pues solo “juntaba aportaciones para el movimiento”, noble labor a la que también se dedicaron Julio Scherer Ibarra (el ex consejero jurídico de la Presidencia), Bartlett, sus casas y su aventajado junior, Pío y Martín, hermanos del presidente, sus primas Felipa y Manuela del Carmen (quien ocupa indebidamente una diputación indígena), la sobrina Úrsula Salazar que hace de las suyas en Tamaulipas. En la lista de impunes también se puede mencionar a aliados como Ovidio y el General Cienfuegos, liberados de las garras de la justicia por un solícito mandatario… y un largo etcétera.
Que la inmunidad para los amigos del presidente tiene un efecto disolvente es patente al contestar, por ejemplo: ¿Qué pensarán los traficantes de personas de que Garduño esté impune por el homicidio de 40 migrantes? Que están autorizados a seguir con su rentable negocio, explotando en forma inmisericorde a centroamericanos y mexicanos en su paso a la frontera norte. ¿Qué asumirán ante ello las víctimas de los polleros y de autoridades corruptas? Que los delincuentes tienen el poder, que su vida está en sus manos y que el gobierno cierra los ojos ante cualquier atrocidad que sufran.
Cincelada: La nulidad de sus corcholatas y de quien dirige Morena obligan a AMLO a hacerla de candidato y vociferante vocero, coordinador de campaña, litigante y jefe de facción, todo al mismo tiempo.
