Morelia, Mich. Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), impidieron la celebración de un foro, porque consideraron que la propuesta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), es “discriminatoria, simulada y fallida” que dejaría fuera a 109 comunidades indígenas de Michoacán —de 500— que no aparecen dentro del catálogo del INPI.
Los inconformes prendieron fuego a sillas y algunas mesas que se encontraban en las instalaciones del INPI, aunque la dirigencia del CSIM aseguró que el único motivo de la manifestación era impedir la celebración del foro.
El CSIM sostiene que la consulta tampoco respeta los usos y costumbres de las comunidades, particularmente porque no se estaría consultando a las asambleas generales, consideradas por los pueblos como su máxima autoridad.
La organización indígena sostiene inviable analizar y debatir 453 artículos durante jornadas de aproximadamente cinco horas, por lo que considera que el procedimiento no cumple con los estándares que, desde su perspectiva, debería tener una consulta indígena.
Cuestiona también que las opiniones expresadas durante los foros no tengan carácter vinculatorio, porque permitiría al gobierno federal decidir posteriormente qué propuestas incorporar o descartar.
Y sostuvieron que su manifestación en las instalaciones del INPI fue pacífica.
Anunciaron también llevar a cabo acciones jurídicas mediante el Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, con el objetivo de defender los derechos colectivos de los pueblos y comunidades originarias.
“La propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es un retroceso a la lucha histórica que tienen los pueblos y comunidades por su territorio, toda vez que no reconoce este derecho ancestral y reivindicación histórica de los pueblos, entre otras contradicciones, simulaciones y engaños», subrayó el dirigente del CSIM, Pavel Guzmán.
Dijo que el Consejo desconoce al INPI como una representación legítima del pueblo purépecha, rechazando que sus acuerdos les sean impuestos y exigen que se cumplan las garantías reales respecto a la libre autodeterminación, presupuesto directo, seguridad pública, justicia y la preservación ecológica de sus territorios (como los acuíferos y el Lago de Zirahuén) en lugar de realizar foros informativos.
