Merida Yuc. 25 Sep 2026
Durante el Informe Anual de Actividades 2025 de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Beatriz Torres López, el Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que la transformación del Poder Judicial exige jueces independientes, imparciales y sometidos únicamente a la Constitución y a la ley.
El Gobierno del Renacimiento Maya impulsa una nueva etapa para que la justicia se traduzca en resultados concretos y tenga un impacto directo en la vida cotidiana de las familias yucatecas.
Al encabezar la presentación del Informe Anual de Actividades 2025 de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Erika Beatriz Torres López, el Gobernador Joaquín Díaz Mena llamó a avanzar hacia una justicia más cercana, transparente, ágil y humana, que proteja los derechos y responda con eficacia a las necesidades de la ciudadanía.
Durante la sesión solemne, Díaz Mena expresó el respeto del Poder Ejecutivo a la autonomía del Poder Judicial y señaló que el proceso iniciado en junio de 2025, cuando por primera vez la ciudadanía yucateca eligió a personas juzgadoras mediante el voto, debe traducirse en instituciones sólidas, sentencias imparciales y atención digna para quienes recurren a los tribunales.
“Rendir cuentas honra el mandato de la ciudadanía que depositó su confianza en cada una de las personas que imparten justicia en Yucatán, y por eso la felicito a usted y a quienes integran este Tribunal”, expresó.
Ante la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, Díaz Mena afirmó que la elección popular de las personas juzgadoras no implica subordinación política y reiteró que el Ejecutivo mantendrá una relación de respeto a las atribuciones y decisiones del Poder Judicial.
“La verdadera transformación exige jueces independientes, imparciales y sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Este gobierno respeta y respetará siempre la autonomía del Poder Judicial, porque un juez que decide con libertad es la mejor garantía que tiene una familia yucateca que acude a un tribunal”, afirmó.
Asimismo, señaló que los poderes del Estado tienen atribuciones distintas, pero pueden mantener mecanismos de coordinación institucional en aquellos asuntos que contribuyan a mejorar la impartición de justicia y la atención a la ciudadanía.
“Este Tribunal encontrará siempre en el Gobierno del Renacimiento Maya, que me honra encabezar, una puerta abierta para colaborar, cada poder desde su ámbito, en todo aquello que fortalezca la impartición de justicia”, señaló.
Al presentar el Informe Anual de Actividades 2025, la presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, Erika Beatriz Torres López, señaló que los retos actuales de la impartición de justicia requieren coordinación institucional, sensibilidad y un enfoque humano que permita atender las necesidades de la sociedad.
“Porque la justicia no puede ser distante ni ajena a las necesidades de la sociedad; debe sentirse en la vida cotidiana, reflejarse en la protección de los derechos y en la dignidad de cada persona. Estoy segura de que esta visión y este compromiso institucional trascenderán en el tiempo, libres de protagonismos, con la firme convicción de fortalecer el Estado de derecho y garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial”, aseveró.
A la sesión solemne asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Naomi Peniche López; así como las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado Jenny Mariana García Brito, Lizette Mimenza Herrera, Mario Castro Alcocer, María Carolina Canto Valdés, Alberto Salum Ventre, Sofía Cámara Gamboa, Patricia Gamboa Wong, Roberto Carrillo Granados, Carolina Muñoz Gasca, Gerardo Chacón Tuyub, Mauricio Tappan Silveira, Claudia Crisol Antonio Mayor, Hernán Vega Burgos y Alan Hernández Conde.
También participaron consejeras y consejeros de la Judicatura; titulares de los poderes judiciales del Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo; rectoras y rectores de universidades, así como autoridades civiles y militares
