Para Artículo 19, la nueva política de Comunicación Social del gobierno federal anunciada el miércoles por el portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, resulta insuficiente para garantizar una nueva relación entre la prensa y el poder, así como un uso más racional de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
En un comunicado, la organización consideró que si bien el proyecto contiene algunos avances como el establecimiento de criterios básicos para transparentar la asignación de estos recursos y la prohibición expresa de que éstos sean utilizados con fines propagandísticos o como premio o castigo para influir en la línea editorial de los medios de comunicación, por otro lado prevalecen algunas prácticas negativas que es necesario desterrar como son la discrecionalidad y la inequidad para su asignación. De hecho, Artículo 19 cuestiona que el presupuesto destinado a la publicidad gubernamental siga siendo elevado.
“Uno de los problemas más graves que hemos documentado desde Fundar y Article 19 es el aumento injustificado en este gasto. Basta recordar que entre 2013 y 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, lo que significa 89% más de lo aprobado. Frente a esto, el nuevo gobierno no ha establecido topes presupuestarios. Esta nueva política no los prohíbe, aunque su Artículo 11 obliga a las dependencias a anunciarlos. Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores”, se lee en el documento.
Subraya que aun cuando se plantea que ningún medio pueda concentrar más del 25% de una campaña publicitaria, la medida va acompañada de excepciones; por otro lado, pese a que se establecen algunos parámetros para la asignación de los recursos, éstos son imprecisos en sus términos y redacción, lo cual abre la puerta a su interpretación discrecional. Asimismo, la organización también reprocha que el proyecto deje a un lado a los medios comunitarios e indígenas, a los que una vez más, no se les garantiza el acceso a un porcentaje mínimo del presupuesto de la publicidad oficial.
Por último, consideró que para que en verdad haya una transformación profunda en la relación entre el poder y los medios de comunicación y un uso más racional de los recursos públicos para la propaganda gubernamental, debe empezar por abrogarse la actual Ley de Comunicación Social y crear un nuevo marco legal conforme a lo dispuesto en noviembre de 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tome en cuenta las propuestas de organizaciones civiles especializadas en la materia.
La actual Ley General de Comunicación Social debe abrogarse para poder discutir y legislar una nueva de conformidad con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y retomando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus “Principios sobre regulación de la publicidad y libertad de expresión”. A finales del año pasado, como parte del Colectivo #MediosLibres, elaboramos una iniciativa de ley general, y pedimos al gobierno que se discuta y revise por el Congreso bajo un modelo de parlamento abierto.
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