Desde hace algunos años conocíamos que el sistema Pegasus se utilizó para espirar a periodistas y opositores. Como suele ocurrir, la entonces PGR y la actual FGR no tenían mucho ánimo para indagar, porque creyeron que el tema quedaría sepultado en el olvido.
Ya con el agua en los aparejos anunciaron que ordenaron que las dependencias que tengan datos relacionados con Pegasus los aseguren y de paso deslizaron que le cargarán el problema a Tomás Zerón, quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal de la ahora Fiscalía.
Uno de los motivos de estas tardanzas es que en la Fiscalía se tiene pocos incentivos para indagarse a sí misma, porque el equipo lo contrataron y utilizaron ellos, junto con la Secretaría de Seguridad y la Conagua, según los datos que dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
Pero posponer o retardar la investigación fue un error, porque Pegasus trasciende a México y es un esquema de captación de llamadas que utilizaron diversos gobiernos en el mundo.
Ahora bien, el tema tiene distintos pliegues que hay que analizar con cuidado. El primero, rotundo por supuesto, es la ilegalidad que significa la intromisión en conversaciones privadas, probablemente con la finalidad de obtener datos e historias que pudieran ser utilizadas como presión o chantaje. Esta es quizá la motivación principal de los seguimientos a Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Ricardo Anaya, por dar dar tres ejemplos.
También pudo ser, en el caso de los periodistas, que lo que se pretendiera tuviera que ver con la anticipación, con conocer qué indagaban, para actuar en consecuencia. ¿Qué obtuvieron los servidores públicos que ordenaron estas actividades? Es un misterio y además es ilegal.
Pero también es riesgoso, porque no sabemos en poder de quién está esa información y la utilización que se le puede dar, ahora y en el futuro.
Otra arista, no menos importante, es la que tiene que ver con los pocos controles que existen para la actuación de las áreas de seguridad.
La intervención de llamadas telefónicas solo está permitida en caso de delitos muy graves y de asuntos que tienen que ver con la seguridad Nacional. Sin embargo, cada acción tiene que estar autorizada por un juez y con una temporalidad específica, porque de otro modo no tiene utilidad en un proceso judicial.
Pero esto le suele importar poco a funcionarios poco escrupulosos y que tienen órdenes de proporcionar información sobre los objetivos de seguimiento. Es decir, contar chismes que puedan ser utilizados y, más grave aún, poner en riesgo a las víctimas de esta práctica.
Me parece que debemos distinguir entre la ilegalidad propiciada para espiar a periodistas y opositores y la necesidad de contar con herramientas para actuar contra delitos de alto impacto y contra grupos que puedan vulnerar la seguridad.
Un dato interesante, en todo este escándalo, es que el CISEN es ajeno a las cuentas que arroja Pegasus, porque el área de inteligencia del gobierno mexicano utilizaba otro tipo de productos para sus actividades.
Prácticas como las que documenta el periodismo sobre Pegasus, no tienen nada que ver con las investigaciones de calidad y con la obtención de información que proviene de las tareas de inteligencia.
Julián Andrade
Escritor y periodista.
