martes, julio 16, 2024

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Politica de sanciones del IFT -4

Por Gerardo Soria

En mis últimas entregas he analizado la extraña -por decir lo menos- política de sanciones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha venido adoptando en los últimos meses, y que parece reflejar a una autoridad timorata, temerosa del poder económico y político de sus regulados.

Por una parte, en el caso de AT&T, el IFT se convirtió en el ombudsman de oficio de la empresa, a quien se le reconoció, de manera expresa, el supuesto derecho humano a no pagar multas administrativas. De igual manera, en el caso de Telmex, el pleno del Instituto resolvió que ellos mismos habían violado la garantía de audiencia y los derechos humanos de Telmex, con el claro propósito de absolverla del pago de una multa del 6% de sus ingresos, que podría haber ascendido a más de veintidós mil millones de pesos.

Ambos casos son una aberración jurídica. El de AT&T porque ni en la imaginación más febril existe el supuesto derecho humano de las grandes empresas a no pagar multas por violaciones a la ley o a la regulación. El de Telmex, por su parte, porque sí se le otorgó a ésta la garantía de audiencia y manifestó con toda claridad que no había cumplido con la regulación asimétrica en materia de infraestructura pasiva “porque era imposible”. Aún más, de acuerdo con mis fuentes en el IFT, en el expediente existe evidencia de que sí se le dio vista a Telmex de la acumulación de los expedientes y de que el IFT aclaró, de manera expresa, que las únicas imputaciones eran las de cada uno de los acuerdos de inicio de cada procedimiento, de tal manera que el pleno pudo haber sancionado cada expediente por separado para evitar la supuesta violación a la garantía de audiencia alegada como pretexto para absolver a la empresa.

En la versión estenográfica de la sesión del pleno del IFT, Fernanda Arciniega, titular de la Unidad de Cumplimiento, deja ver las prioridades del Instituto, pues expresa su preocupación por adecuar el proyecto de resolución, en virtud de que el segundo resolutivo se redactó con un error ortográfico. Es absurdo y casi cínico que la titular de la Unidad de Cumplimiento se preocupe por la corrección de un error ortográfico en el proyecto, como si la resolución no se hubiera construido sobre una serie de errores y negligencias -en el mejor de los casos- que constituyen un trato asimétrico a favor de Telmex, cuando debería ser exactamente al revés.

En suma, la sesión estenográfica de la sesión del pleno del 9 de diciembre, la resolución P/IFT/EXT/091222/23, y el Comunicado de Prensa 005/2023 conforman una creativa cadena de justificaciones y pretextos. El IFT está notoriamente preocupado porque sepamos que sus funcionarios anteriores lo hicieron mal, que su cambio de criterio sobre el precedente de Telnor no es arbitrario y que la acumulación de expedientes es un reto difícil para cualquier funcionario que pretenda respetar los derechos humanos. Se lee la culpa en todas y cada una de sus explicaciones. Ojalá dedicaran todo este esfuerzo a su mandato constitucional de desconcentrar el sector, o al menos en lograr la compartición de infraestructura de Telmex, prometida desde la reforma constitucional de 2013.

Es bien sabido que Telmex necesita encontrarse en cumplimiento de la regulación asimétrica que se le impuso, para obtener su anhelado acceso al mercado de televisión. El cierre de los expedientes 41 y 75 representa un gran logro en el proceso para que Telmex limpie su historial regulatorio; mientras que la ligereza con la que el IFT calculó la multa de AT&T sirve para contextualizar el regalo para Telmex. Así, la nueva política “progresista” de sanciones del IFT parece más bien un camino en construcción para conceder a Telmex la prestación del servicio de televisión, sin cumplir con los requisitos legales.

Las resoluciones del IFT son tan absurdas que mal haría el Órgano Interno de Control, que lleva Gricelda Sánchez Carranza, si no realiza una investigación exhaustiva de los expedientes y los hechos alrededor de la claudicación del IFT. Seguramente la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Pablo Angulo, tendrá la mira puesta en ello.

@gsoriag

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