La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la suspensión que un juez concedió a una trabajadora del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la desaparición de la unidad en la que labora, la que había sido establecida en el Plan B de reforma electoral.
Apenas la semana pasada se dio a conocer que el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional a Marisol Duarte Martínez, jefa del Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, contra la parte del Plan B que disponía la desaparición de su unidad de trabajo para que fuera integrada en la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.
Entre las consideraciones para otorgar la medida cautelar, el juez fue muy contundente sobre la disposición impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada por la mayoría oficialista: “De un análisis superficial que se efectúa a la norma controvertida, no se advierte que se realice un análisis que justifique objetivamente en específico la supresión de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con sus respectivas áreas que la conforman, esto es, que se trate de una área sin trabajo o con duplicidad de funciones, o que a través de su eliminación se cumplan con los objetivos que persigue la reforma, y que en su caso abone al fortalecimiento del sistema electoral”.
Además, apreció en la exposición de motivos al respecto “razones dogmáticas y genéricas en relación con la supresión de diversas unidades administrativas, pero sin razonar de manera fundada y motivada, porque precisamente la unidad a la que pertenece la quejosa, corresponde a aquellas, que deben ser eliminadas, es decir, no se aprecia que se hubiese analizado la carga de trabajo de la unidad, o bien, cuál o cuáles son las diversas unidades que realiza las mismas funciones y que por tanto, se actualiza la supuesta duplicidad a que hace mención”.
Frente a ello, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha presentado una impugnación, la que será remitida al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno.
Pese a ello, el juez deberá resolver sobre la suspensión definitiva en una audiencia incidental que se realizará el lunes 17 de abril.
