Como parte del combate a la corrupción y a la millonaria evasión fiscal en perjuicio de los recursos públicos, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) y diputados federales de Morena coinciden en que deben realizarse reformas legales contra “empresas fantasmas” y para que sean considerados como delitos graves y de delincuencia organizada, así como penalizados hasta con 10 años de prisión, “la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”, informó el organismo.
Resulta urgente también contar con “un semáforo de alerta a la corrupción” en dependencias públicas porque resulta frecuente que contraten supuestas prestaciones de servicios como “asesoría”, “diseño de logotipos”, “publicidad”, “estudios” y “servicios de logística”, pero que resultan difíciles de rastrear, según el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Estos temas serán analizados en un foro abierto denominado “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz”, a realizarse el miércoles 26 de septiembre en la Cámara de Diputados y al cual fue invitada Diana Bernal, titular de la Prodecon.
La propuesta para combatir los ilícitos mencionados, es que “todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del impuesto al valor agregado (IVA) que se cause en la contratación de servicios, así como un 10 por ciento del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de impuesto sobre la renta (ISR)”, explicó la Prodecon mediante un boletín de prensa.
Ramírez Cuéllar consideró que el ombudsman fiscal, que preside Bernal, ha desempeñado un papel relevante en el combate a las empresas fantasma y a la facturación falsa, además de que ha presentado propuestas para erradicar este ilícito.
Se requiere implementar medios de control efectivos para atacar los beneficios millonarios y evitar la sangría de recursos públicos que genera la comercialización de comprobantes fiscales, emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas, puntualizó la Prodecon.
Además de la procuradura Benal, en el mencionado foro también participarán los fiscalistas Ricardo Cervantes ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Alejandro Marín de la Asociación de Especialistas Fiscales en Jalisco, Jorge Covarrubias, socio de la firma Parás Asesores Fiscales y el presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro.