Desfavorable balance en derechos humanos: González Pérez

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El balance en la defensa y garantía de los derechos humanos en el país durante el actual sexenio «no es favorable», aseveró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez ante el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Este sexenio, enfatizó, está marcado por graves violaciones a derechos humanos como los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.
presentar el informe de labores 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del organismo presentó un balance no sólo del año pasado, sino de los poco más de cinco años del actual gobierno federal, que está a unos meses de concluir su gestión.
González Pérez enfatizó que en los más de cinco años del gobierno de Peña Nieto «México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza».
Durante el actual sexenio, subrayó el ombudsman nacional, se presentaron graves violaciones a las garantías fundamentales. Y citó algunos casos: Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. «Son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos».
El funcionario destacó que de todas las recomendaciones e informes que se han presentado por estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades a las que van dirigidos, tan sólo uno tiene hasta ahora pruebas de cumplimiento total.
También lamentó que haya grandes agresiones contra mujeres, periodistas y migrantes. Todo ello en un largo discurso de más de 30 minutos.
Destacó que en estos años se han generado los marcos normativos que son un primer paso para el respeto a las garantías fundamentales, como las leyes generales contra la tortura y en materia de desaparición de personas. Pero al mismo tiempo llamó a que desde las instancias del poder se emprendan las acciones y se destinen presupuestos para que estas leyes puedan aplicarse en la realidad.
“La respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades, tampoco en el uso indiscriminado de la cuerda o la aplicación arbitraria de la ley (…) En días pasados, usted (Peña Nieto) señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara a su utilización. En cierto, tanto como que los hechos han demostrado también que es un error suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad que se enfrenta”, planteó González Pérez.
Agregó que si la violencia se combate sólo con violencia, se apuesta al uso de la fuerza sobre la atención a las causas que la propician y generan. “La violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas”.
Lamentó que los llamados, exhortos y recomendaciones de la CNDH encontraron poco eco en las distintas autoridades a las que iban dirigidas. En 2017 se concluyeron 39 recomendaciones dirigidas a 29 autoridades. Al finalizar el año pasado, agregó, las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite eran la Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, 50; la Procuraduría General de la República, 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, 18; y la Secretaría de Educación Pública, 16.
En tanto que los gobiernos estatales con mayor número de exhortos en trámite son Oaxaca, con 16; Guerrero, 15; Chispas, 12; Tabasco, 11, y San Luis Potosí, nueve.
“Sería una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas por este organismo nacional contenida en ellas. Ese llamado lo hacemos extensivo también a los gobiernos locales”.

La Jornada

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