La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente. Cuando el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita a garantizar las condiciones para que todos puedan buscarla y decirla, protege a la vez la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de las audiencias.
A eso invitamos, y a eso nos comprometemos también nosotros.
Es esencial que los fieles laicos, los comunicadores católicos, las universidades e instituciones educativas los colegios de profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía participe en la consulta antes del 21 de agosto de 2026 abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común. Confiamos, a su vez, en que las autoridades integrarán con transparencia las aportaciones recibidas.
