Con miras a los comicios federales de 2027, el consejero electoral Uuc-Kib Espadas propuso que la votación de los diputados federales se haga mediante el uso de dos boletas. Una para los de mayoría relativa y otra para los de representación proporcional, pues hacerlo en una sola, como actualmente sucede, vulnera el derecho al voto libre.
En conferencia de prensa, subrayó que la única manera de que el sufragio sea libre es que cada ciudadano pueda escoger al partido de sus preferencias en cada una de las vías electivas.
En este marco, recordó que en el modelo de boleta única, el ciudadano vota por la misma fuerza política tanto en lo que hace a los legisladores de mayoría como de los plurinominales.
Para que se puedan usar dos papeletas, consideró que el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de su obligación de control de constitucionalidad debe inaplicar el artículo 266 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) referido a la existencia de una sola papeleta, toda vez que se contrapone al mandato de la Carta Magna de tener dos votaciones distintas.
Con la medida que propone, Espadas Ancona estimó que se sacaría de la clandestinidad la votación de los diputados de representación proporcional, al recordar que hoy por hoy, todos sufragan por ese tipo de legisladores, pero la gran mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Uno marca la boleta al frente donde están los candidatos de mayoría relativa, y automáticamente está votando también por la lista de representación proporcional que viene al reverso, explicó.
El consejero electoral sostuvo que ese cambio obligaría a los aspirantes plurinominales a mostrarse ante la ciudadanía y a los partidos a decir quienes son las personas que postula por esa vía.
Sobre la ruta a seguir, expuso que formalizará su planteamiento al resto de los consejeros en el momento en el que se discuta el modelo de boleta, los que estimó será entre septiembre y octubre.
Para entonces, las comisiones involucradas en el tema deberán resolver sobre la propuesta.
Si su respuesta fuera favorable, pasaría a una valoración jurídica y minuciosa como parte de la obligación de control constitucional que tiene el INE y que haría inaplicable el artículo 266 referido.
Espadas aceptó que esto tendría un impacto presupuestal de entre 200 y 250 millones de pesos, pero daría a más de 100 millones de electores la plena libertad de votar según lo ordena la Constitución.
Señaló que ese costo representa el 4 por ciento de los 6 mil millones de pesos que se erogaron en la elección judicial del año pasado.
