Por Julieta del Rio
Hay una frase que decía mi mamá y que hoy viene inevitablemente a mi memoria: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”.
Y es que, por un lado o por otro, comienza a percibirse algo que debería preocuparnos a todas y todos: cada iniciativa, reglamento, acuerdo o propuesta que busca regular las redes sociales, las plataformas digitales o los contenidos que circulan en internet parece traer consigo una inquietud de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende poner límites a lo que decimos, publicamos, compartimos o criticamos?
No se trata de estar en contra de toda regulación. Regular también puede ser necesario para proteger derechos. Se trata de preguntarnos hasta dónde puede llegar esa regulación cuando toca directamente la conversación pública. Porque hoy, gracias a las redes sociales, existen mecanismos para transparentar lo oculto, plataformas para informarnos y espacios para cuestionar decisiones de quienes ejercen el poder. También contamos con herramientas para contrastar declaraciones, verificar información y cuestionar narrativas que no nos cuadran.
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Ya tuvimos un antecedente. En el contexto del proceso electoral federal 2026-2027, el INE incorporó una variable para identificar mecanismos discursivos indirectos, entre ellos el sarcasmo y la ironía, dentro del monitoreo de noticiarios. La Sala Superior del Tribunal Electoral dejó sin efectos esa variable al considerar que carecía de parámetros claros, y el propio INE informó posteriormente que procedería a eliminarla.
Lo he dicho antes: en una democracia, el sarcasmo, la ironía, la crítica y la sátira también forman parte de la libertad de expresión. Cuando una regla pretende identificar aquello que puede considerarse una expresión de descalificación sin parámetros suficientemente claros, la pregunta es inevitable: ¿quién interpreta?, ¿con qué criterios y con qué límites?
Ahora vienen las reglas para niñas, niños y jóvenes en el entorno digital, así como disposiciones sobre el uso del celular en horarios de clases. Protegerlos está bien. Es necesario. Pero más que regular por regular, necesitamos educación digital: enseñarles a proteger sus datos, identificar riesgos, reconocer la desinformación y entender cómo funcionan las plataformas. Porque prohibir puede ser una salida rápida; pero atribuir al celular, por sí mismo, los problemas educativos sería simplificar una realidad mucho más compleja.
Y ahora aparece la llamada “Ley Antimemes”, un nombre que ha circulado públicamente, aunque no corresponde a la denominación formal de la iniciativa. Se trata de una propuesta de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet.
La propuesta fue aprobada el día de ayer en comisiones de la Cámara de Diputados. Esto significa que la discusión ya no está únicamente en el terreno de una iniciativa que podría avanzar o no; ahora entra en una etapa legislativa que merece todavía mayor atención.
La propuesta no establece una prohibición general de los memes. Pero plantea nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet y responsabilidades por determinadas infracciones relacionadas con derechos de autor. Y justamente ahí están las preguntas que no podemos dejar de hacer: ¿quién determinará qué contenido constituye una infracción?, ¿con qué criterios?, ¿qué procedimiento seguirá su retiro?, ¿qué garantías tendrá el ciudadano?, ¿cómo se evitarán decisiones arbitrarias?
ARTICLE 19 ha advertido sobre conceptos que considera vagos o ambiguos y ha cuestionado el mecanismo de “notificación y retirada”, por el riesgo de que los intermediarios digitales terminen retirando contenidos ante la posibilidad de enfrentar responsabilidades.“La Casa del Poeta López Velarde no pierde el nombre y mantiene la poesía”: Ana FrancisLeer Más
Porque una cosa es proteger los derechos de autor y otra muy distinta generar incentivos para que una plataforma retire contenidos ante cualquier reclamación, incluso antes de que exista certeza sobre una infracción. Esa posibilidad merece una discusión seria, transparente y con todas las voces involucradas.
Porque hoy puede ser un meme. Mañana una caricatura, una parodia, un video satírico o una publicación incómoda para alguien en el poder.
Regular internet no debe convertirse en controlar o prohibir internet. Y mucho menos en generar condiciones en las que ciudadanos, periodistas, caricaturistas o creadores prefieran callar o retirar contenidos por temor a las consecuencias.
Mientras todo esto ocurre, tenemos madres buscadoras que siguen esperando respuestas; víctimas de feminicidio y familias que reclaman justicia; denuncias que exigen investigaciones serias; rezago educativo, problemas económicos, inseguridad y una creciente preocupación por la protección de nuestros datos personales.
No podemos perder de vista que detrás de cada reforma hay derechos que proteger y ciudadanos que esperan respuestas.
No se trata de decir que estos temas no deban discutirse. Se trata de recordar que cada reforma tiene consecuencias y que cuando se legisla sobre internet también se legisla sobre derechos, información y libertad de expresión.
Por eso hay que leer la letra pequeña. Revisar los alcances. Escuchar a especialistas, periodistas, creadores y ciudadanos. Garantizar el debido proceso y establecer límites claros al poder.
Porque proteger los derechos de autor es una obligación. Proteger a niñas, niños y adolescentes también. Pero proteger la libertad de expresión es una obligación democrática.
Al rato podemos terminar discutiendo no solamente qué se puede publicar, sino qué plataformas pueden decidir retirar, qué autoridades pueden intervenir y qué ciudadanos podrían terminar prefiriendo callar para evitar consecuencias.
No esperemos a que la puerta esté cerrada para preguntarnos quién puso el cerrojo.
Abramos los ojos. Leamos la letra pequeña. Preguntemos qué se quiere regular, quién lo va a aplicar y cuáles serán sus límites.
Porque los ciudadanos no debemos “parecer malos”. Debemos ser ciudadanos libres, críticos, informados y capaces de cuestionar al poder.
Y sí: los memes pueden incomodar. Las caricaturas pueden molestar. La sátira puede doler. Pero una democracia no debe proteger únicamente lo que resulta cómodo. También debe proteger aquello que incomoda.
Porque una sociedad democrática no se fortalece cuando todos pensamos igual, sino cuando existen condiciones para disentir, cuestionar y hasta incomodar al poder sin que ejercer esos derechos dependa de si aquello que decimos resulta cómodo para quien gobierna.
