El embargo de Estados Unidos contra Cuba es una de las medidas que más veces ha sido rechazada en la Asamblea General de la ONU, donde cada año desde 1992 se aprueba una resolución en su contra.
La resolución de condena ha obtenido en los últimos años un respaldo casi unánime: el pasado 23 de junio, cuando fue votada por última vez, contó con el apoyo de 184 de los 193 miembros de la ONU.
Su resultado más contundente, no obstante, lo obtuvo en 2016 cuando sumó 191 votos a favor y ninguno en contra, pues incluso el gobierno de Estados Unidos se abstuvo de defender su propio embargo.
Las razones para condenar el embargo varían y más que un espaldarazo al gobierno cubano en muchos casos -como el de Reino Unido y otros países europeos- responden más a un rechazo al hecho de que Estados Unidos pretenda limitar la posibilidad de que empresas de otros países hagan negocios con la isla o a que el embargo sea visto como un peligroso precedente de medidas unilaterales coercitivas.
Tras las inéditas protestas ocurridas el pasado domingo en varias ciudades de Cuba exigiendo comida y medicinas, pero también “libertad” y el “fin de la dictadura”, el gobierno de Miguel Díaz-Canel apuntó hacia el embargo estadounidense como la raíz de los males que aquejan a la isla.
“Aquí lo que nosotros necesitamos es que se retiren las 243 medidas de bloqueo adicionales y se derogue el bloqueo. Es lo único que demanda Cuba”, dijo el lunes Díaz-Canel en una transmisión en televisión y radio.
El gobierno cubano anunció el miércoles la eliminación temporal de las restricciones aduaneras a medicamentos y alimentos, en un intento de apaciguar el descontento que las citadas protestas pusieron de manifiesto.
Pero ¿en qué consiste exactamente el embargo estadounidense a Cuba y cuál es su verdadero alcance?
Muchas leyes, un objetivo
El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba se basa en un amplio entramado jurídico construido durante décadas que incluye seis leyes diferentes y numerosas regulaciones que en unos casos prohíben y, en otros, restringen las relaciones económicas con la isla.
Las primeras sanciones económicas fueron adoptadas en 1960 por el gobierno del presidente Dwight Eisenhower en respuesta a la decisión del gobierno cubano de estatizar los bienes de las empresas estadounidenses en la isla, subir los aranceles a la importación de productos estadounidenses y de establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética.
Eisenhower redujo drásticamente la importación de azúcar de Cuba, puso en marcha un embargo comercial parcial y terminó rompiendo relaciones diplomáticas con La Habana.
Luego del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos y de que Fidel Castro declarara a Cuba como un “estado socialista” en 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy estableció en 1962 un embargo total sobre el comercio con Cuba, con excepción de alimentos y medicinas.
Estas primeras medidas fueron adoptadas sobre la base de la Ley de Comercio con el Enemigo, que había sido aprobada en 1917 durante la I Guerra Mundial, y de La Ley de Asistencia Exterior, promulgada en 1961, que permite mantener el embargo contra Cuba y prohíbe que los fondos de ayuda internacional de EE.UU. sean destinados a Cuba.
En 1979, la Ley para la Administración de las Exportaciones permite establecer controles sobre estas por razones de seguridad nacional.
Poco después de la caída de la Unión Soviética, el Congreso de EE.UU. aprobó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba, conocida como la Ley Torricelli, mediante la cual se prohibía a las subsidiarias de empresas estadounidenses en otros países comerciar con Cuba así como los viajes de los ciudadanos estadounidenses.
También intentaba limitar la cooperación internacional de otros países con la isla.
La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (conocida como Ley Helms-Burton), de 1996, reforzaría el embargo, incluyendo lo referido a su aplicación extraterritorial gracias a la inclusión de sanciones para las empresas de otros países que hagan negocios con la isla.
La Ley Helms-Burton trajo consigo otro cambio importante al fijar las condiciones requeridas para el levantamiento del embargo a Cuba.
Allí se establece que, en consulta con el Congreso, el presidente podrá suspender algunas medidas cuando en Cuba se instale un gobierno de transición o podrá eliminar todo el régimen de sanciones cuando la isla cuente con un gobierno democráticamente electo, considerado como el fin último del régimen de sanciones.
En este proceso, no obstante, la última palabra la tendrá el Congreso que está facultado para desaprobar el fin del embargo.
Esta legislación también dificulta el acceso de la isla al financiamiento externo al establecer que Estados Unidos usará su voz y su voto en los organismos financieros internacionales para oponerse a la membresía de Cuba en esas instituciones.
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