La base trabajadora del Poder Judicial del Estado, está atravesando uno de los peores episodios de su historia, pues si bien para este ejercicio fiscal 2024 se concedió un histórico incremento del 21% en el presupuesto del Poder Judicial; es decir, 19% más que en los anteriores años; sin embargo, no se atiende las problemáticas reales de las y los servidores judiciales como lo son la falta de personal en los juzgados familiares, civiles, mercantiles, penales y labores, la negativa de basificar a más de 200 trabajadores de primera instancia, no pagar las horas extras, sueldos insuficientes y también la negativa de recategorizaciones que son necesarios.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que si bien la Magistrada Presidenta y los plenos del consejo de la judicatura y del Tribunal Superior no atienden las peticiones de los trabajadores y trabajadoras, si están más preocupados en la creación de puestos de subjefaturas y subdirecciones en el Poder Judicial para emplear a ex trabajadores de Mauricio Vila Dosal, con sueldos dorados. Además, es importante señalar, que en el ejercicio fiscal 2024 se presupuestó la creación de siete juzgados los cuales no se han realizado y mucho menos ha utilizado el presupuesto para el pago de sueldos y salarios.
Es en mérito de lo anterior, que el día de ayer, la Secretaria General del Sindicato Progresista Licda. Luisa Inés Martín Puc, presentó un escrito al Pleno del Consejo de la Judicatura en la que se solicitó en representación de sus agremiados y agremiadas, el pago de 30 días de bono de fin de año, en apoyo a la economía de la base trabajadora del Poder Judicial.