El director general de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo desnudó en el Congreso del Estado el Sistema Va-y-Ven creado en la administración de Mauricio Vila, alertando para fin del año de un déficit financiero por 1,860 millones de pesos.
Expuso que el modelo heredado apenas cubre el 41% de los costos operativos actuales, y que de mantenerse sin ajustes, requerirá más de 11 mil millones de pesos en subsidios estatales en los próximos seis años.
Acusó que la situación es resultado de un esquema de gestión enfocado en garantizar ingresos a particulares, sin planificación técnica ni visión de largo plazo.
Dijo que la Agencia enfrenta un quebranto financiero de mil 215 millones de pesos: 264 millones de pesos por kilómetros no recorridos al año; 228 millones en el costo del sistema y un pago de 200 millones de pesos adicionales por año.
Además de 160 millones en costos y gastos del IETRAM hasta el momento; 30 millones por las tarjetas de color azul, que por la compra del nuevo sistema no las utilizaron; y, 22.2 millones de renta anual por un paradero, que en 15 años será un pago de 333 millones de pesos.
Dijo que cada día se realizan más de 480 mil viajes en 95 rutas que conectan Mérida, Kanasín, Umán, Valladolid, Tizimín y comisarías. El sistema crece con 733 unidades, más cobertura y servicios más modernos; pero también problemas que no se resolvieron en el pasado y que, están comenzando a atenderse.
—“Hoy, estamos poniendo orden. Lo hacemos con responsabilidad, escuchando a la gente y tomando decisiones para que el transporte funcione mejor, en más lugares y para más personas garantizando su derecho humano a la movilidad”, aseveró.
Denunció que se adquirió tecnología a sobreprecio, que no cumple con los estándares operativos (con un costo acumulado superior a 400 millones de pesos).
Reportó la pérdida de 30 millones de pesos en tarjetas inservibles compradas en 2024 durante una transición tecnológica mal ejecutada,
También la carga de contratos a largo plazo, como el del CETRAM Norte, que obliga al Estado a pagar 22.2 millones de pesos anuales durante 15 años, sin que el inmueble pase a ser propiedad pública.
Aseveró que lo recibido no fue solo un caso de mala planeación, sino de un modelo de gestión orientado a beneficiar a particulares a costa del erario.
Jhonny Oliver Quintal
