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CNDH niega exoneración del Ejército en caso Ayotzinapa y truena contra críticos

El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra recurre a numerosos calificativos para arremeter contra “opinadores, analistas, voceros de organizaciones y hasta probables responsables” a los que atribuye “narrativas y nuevas mentiras”

“La verdad es que, a falta de argumentos de fondo y pruebas reales, se cae en lo ridículo. Y no hablamos de las víctimas indirectas que han expresado desacuerdos, y cuya opinión es totalmente respetable y atendible. Hablamos de ‘opinadores’, ‘analistas’, voceros de organizaciones y hasta probables responsables que, al unísono, se han lanzado con toda clase de calificativos, diatribas, adjetivos, y otra vez con narrativas y nuevas mentiras apoyadas en documentos apócrifos”, señala el organismo en un documento compartido en sus plataformas digitales

Se ha dicho, por ejemplo, que esta Recomendación es una ‘mentira histórica para las víctimas’, que más que Recomendación es una ‘auditoría’ de lo que antes se hizo. Y hasta que es ‘tres veces más pequeña’ que la Recomendación de 2018, como si su extensión determinara algo.

El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra negó que su recomendación se haya hecho para “exonerar” y “blindar” al Ejército.

Peor aún, hay quien ha dicho que ‘omitió hechos ya acreditados por tribunales, entre ellos las acusaciones contra 17 militares vinculados a proceso por delincuencia organizada’. Algo no solamente falso sino perverso”, aseveró.

“Conductas individuales”

“Miente quien dice que es el Ejército el beneficiario de esta recomendación, son las víctimas”, sostiene la CNDH al explicar que se encontraron “conductas individuales” más que un involucramiento de la institución castrense.

En el caso de la Recomendación 208VG/2026, lo que encontramos de la DEFENSA, a diferencia de las policías estatal y municipales señaladas como responsables, si hubiera algo que acreditar al respecto se refiere a conductas individuales, en modo alguno derivadas de insuficiencias normativas o de procedimientos que involucren a la institución Ejército mexicano.

“Lo que pudimos establecer es que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, no hubo participación de los elementos de la DEFENSA en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia especial para el exterminio de los normalistas”, detalla.

En el pronunciamiento se califica de “falso, capcioso y malintencionado” el señalamiento de que falta de autonomía por parte de la CNDH.

“Textualmente se ha dicho que ‘es preocupante que la CNDH deslinde de responsabilidad a la DEFENSA, al sostener que no existen evidencias que acrediten su participación, pese a que existen al menos17 elementos militares vinculados a proceso.

Lo que es, además de falso, capcioso y malintencionado. Pues en la Recomendación se aborda a detalle y con toda amplitud los casos de los 20 militares bajo proceso -esa es la cifra que tenemos-, incluidos el Comandante del 27/o Batallón de Infantería en Iguala, y el Comandante del 41/o Batallón de Infantería en el tiempo de los hechos. Y, lo que es más, se da información precisa de sus procesos y se les da seguimiento, como parte del cumplimiento de la Recomendación 15VG/2018, lo que está dentro de las funciones que la CNDH tiene como órgano no jurisdiccional”, señala el documento.

Remarcó que la CNDH no exonera ni defiende a nadie, pues eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales, al Ministerio Público. “Y segundo, porque el objeto central de toda la Recomendación fue reivindicar las razones y la lucha de las víctimas, y aportar a la verdad”, aseveró.

MC pidió su dimisión

El pasado 14 de julio, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, pidió que Rosario Piedra deje su cargo tras emitir una recomendación que exonera al Ejército en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

También anunció que darán seguimiento a la solicitud de juicio político contra Rosario Piedra solicitado por familiares de personas desaparecidas, por lo que colocó un contador de días hasta que la Cámara baja dé tramite al juicio político.

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