Por Gloria Muñoz Ramírez
Se acumula el rechazo a la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en diversas regiones del país. Las llamadas consultas han sido calificadas de actos de simulación, plagadas de múltiples irregularidades, pero es el fondo, además de la forma, lo más cuestionable.
En San Luis Potosí, por ejemplo, diversas comunidades advirtieron sobre la inviabilidad técnica y “regresiones sustantivas” de la iniciativa, y manifestaron su rechazo absoluto “a la propuesta normativa por representar un retroceso inconstitucional, un retorno al indigenismo de Estado y una inviabilidad técnica absoluta”. Entre otras observaciones, indicaron que el documento consta de 453 artículos y 11 transitorios que mezclan erróneamente más de 30 materias heterogéneas: territorio, sistema electoral, economía, medicina tradicional y recursos hídricos, entre otros.
Una polémica importante y generalizada deriva de que la iniciativa condiciona la personalidad jurídica como sujeto de derecho público a dictámenes, padrones o resoluciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) o la Secretaría de Gobernación, lo que, señalan, violenta el principio de autoadscripción. “Nuestra existencia es preexistente al Estado mexicano; la autoridad únicamente la reconoce, no la otorga ni la tutela mediante catálogos administrativos”, indicó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Del mismo modo, las comunidades originarias de San Luis Potosí cuestionaron que la iniciativa elimine el “territorio”, sustituyéndolo por “lugares” o “derecho preferente”, con el fin de no modificar el artículo 27 constitucional ni la legislación extractiva secundaria. En este rubro, insistieron en negar su consentimiento a megaproyectos energéticos como el fracking o el Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, que ponen en riesgo la vida, el agua y la biodiversidad.
Es claro que el procedimiento de las “consultas” sobre la iniciativa no está diseñada para organizar un debate sobre la misma. La elección de las sedes que excluye a comunidades enteras, la dinámica de las asambleas “regionales”, el tiempo para deliberar algo que no está debidamente informado, rompe y corrompe todo proceso participativo. La imposición tendrá sus costos.
