Todo indica que, como en general todo salió bien en las elecciones locales y federal de este año, no hubo mucho por dónde seguir atacando al INE, que evidentemente le estorba a AMLO por su autonomía. De modo que aprovechó la consulta para reiniciar el golpeteo, y planear un eventual juicio político al menos a los consejeros más molestos, y también una reforma electoral que someta al Instituto a su capricho. Se le acusa al INE de varias cosas que no están entre sus facultades:
1) Haber cambiado la fecha de la consulta, en lugar de celebrarla el día de la elección federal; fue decisión de los partidos.
2) Haber iniciado la promoción hasta el 15 de Julio, poco tiempo antes de la consulta. Fue decisión de los partidos. En tales críticas hay, o bien un desconocimiento profundo de la ley electoral, o bien un engaño deliberado para desprestigiar al INE. En contraste, Morena señala que el INE no está facultado para indagar sobre la propaganda alterna que ese partido desplegó, presumiblemente contraviniendo la ley. El mundo al revés.
3) También se le acusó al Instituto haber instalado sólo la tercera parte de casillas, y sin casillas especiales. Para una consulta en forma se requerían 1,500 MDP que el INE solicitó al Congreso y a Hacienda y se lo negaron. Ajustó lo que le quedaba de presupuesto, 500 MDP y advirtió que con eso podría instalar sólo la tercera parte de casillas (y sin especiales). Gobierno y partidos estuvieron de acuerdo. Ahora se le achaca todo eso, como actitud irresponsable y antidemocrática. En realidad, la consulta es el pretexto para retomar el ataque al INE, que está planeado desde aún antes de la elección de 2018. Ahora se agrega al TEPJF como foco de ataque, desde que varios magistrados decidieron sacudirse el control presidencial. Nada de esto es nuevo.
Subordinar o desaparecer instituciones autónomas es parte del libreto del procubano y bolivariano Foro de Sao Paulo. Ahí se determina con todas sus letras y sin desparpajo alguno. Y es que para quien asume la autocrática consigna de que “Quien no está conmigo está contra mí” (adoptada también por el Foro), asume que no existe autonomía institucional ni neutralidad política posible. Si no están bajo control del poder popular, entonces sirven al enemigo (conservadores, oligarcas, golpistas, contra-revolucionarios, imperialistas o lo que se quiera).
Dice un documento del Foro (2017) que “Una fuerza, política y socialmente organizada, se define por una posición política empeñada en acceder a la influencia y el control de las instituciones públicas del Estado: gobierno, parlamento, alcaldías, poder judicial y electoral, fuerzas armadas”, una estrategia “encaminada a superar la democracia liberal burguesa”. Así pues, para “limpiar” dichas instituciones y dotarlas de carácter auténticamente democrático, patriótico y popular, debe reformársele según las necesidades del cambio “revolucionario”. Es la oposición la podría proteger desde el Congreso a estas dos instituciones. Lo veremos.
José Antonio Crespo
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
