Por Juan Becerra Acosta
Vamos a hablar claro: en México hay un club de ministros de la SCJN que, al dejar el cargo, no se jubila como el resto de los mortales: accede a un régimen de retiro con prestaciones y condiciones muy por encima de las de la mayoría de los trabajadores mexicanos.
El llamado haber de retiro estableció, bajo el régimen anterior, un ingreso equivalente a cien por ciento del sueldo durante los primeros dos años y a 80 por ciento después. Si un ministro no completaba 15 años de servicio, el beneficio se calculaba proporcionalmente. Un esquema difícil de imaginar para millones de mexicanos.
Y no es solamente la pensión. La documentación de la propia Suprema Corte registra prestaciones para ministros retirados, que incluyen seguro de gastos médicos, de vida, apoyo para medicamentos, personal de apoyo, vehículos y otras. Pongámosle nombres y cifras, porque los privilegios sin nombre se vuelven abstracciones.
Eduardo Medina Mora renunció a la Corte en 2019 en medio de señalamientos e investigaciones relacionadas con operaciones financieras que él rechazó. En 2020 se calculó que recibiría más de 860 mil pesos anuales por conceptos vinculados con su retiro. Para 2024, información obtenida vía transparencia reportaba para él un haber mensual de alrededor de 50 mil 559 pesos.
Arturo Zaldívar renunció antes de concluir su periodo. Debido al tiempo que permaneció en la Corte, su haber se calculó proporcionalmente; en 2024, la información disponible ubicaba ese monto en alrededor de 192 mil 584 pesos mensuales durante los primeros dos años.
Y luego llegó la reforma judicial. El decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 cambió las reglas y estableció una fecha para quienes integraban entonces la Suprema Corte. Los ministros que no se postularan o no fueran electos bajo el nuevo sistema perderían el derecho al haber de retiro, salvo quienes presentaran su renuncia dentro de la ventana establecida por la propia reforma. Entonces ocurrió algo extraordinario: ocho ministros presentaron su renuncia en octubre de 2024.
Entre ellos estaban Norma Piña, Javier Laynez, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara. No hace falta atribuirles una intención que sólo ellos conocen; el dato objetivo es suficiente: sus renuncias ocurrieron dentro de la ventana jurídica que les permitió conservar el derecho al haber del retiro, que ejercen a partir de septiembre de 2025, a diferencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien renunció al mismo tiempo, pero rechazó ese privilegio.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta al erario? En abril de 2024, antes de la salida de la última generación, el Poder Judicial erogaba alrededor de 1.56 millones de pesos mensuales por los haberes de retiro de ministros. Para septiembre de 2025, después de las nuevas jubilaciones, la cifra se ubicó en alrededor de 2.2 millones mensuales para ministros retirados. Pero, ojo, ese costo no termina en la mensualidad.
En 2024 se difundieron cálculos según los cuales el conjunto de haberes y prestaciones correspondientes a los ministros que dejarían la Corte podía representar cerca de 130 millones de pesos anuales. La cifra depende de los conceptos incluidos, pero sirve para dimensionar que no estamos hablando solamente de una pensión.
El régimen que comenzó con la nueva integración de la Corte eliminó el antiguo esquema de retiro y diversas prestaciones que acompañaban a los ministros bajo las reglas anteriores. Pero ahí está la paradoja. La reforma cambió las reglas hacia adelante, mientras que quienes adquirieron derechos bajo el régimen anterior conservaron esos derechos conforme a las disposiciones aplicables a su retiro. Es la vieja fórmula: se modifica la regla para el futuro, mientras el pasado queda protegido por los derechos adquiridos.
Hay otra pregunta más contable y, por eso, mucho más difícil de esquivar: ¿cuánto debe costarle al Estado un ministro después de abandonar el cargo? Una cosa es garantizar la independencia judicial mientras un ministro está en funciones y otra justificar durante décadas un régimen de retiro con prestaciones extraordinarias frente a las condiciones de millones de trabajadores. No es difícil hacer la cuenta, basta con poner los números sobre la mesa: cuánto entra, cuánto sale, durante cuánto tiempo y quién paga.
La nueva integración de la Corte anunció que revisará los haberes y prestaciones de los ministros retirados; el debate, por tanto, no está cerrado. Y quizá esa sea la pregunta que debería permanecer en el centro: no si un ministro merece una jubilación digna, sino dónde termina una compensación razonable por haber ejercido uno de los cargos más importantes de la República y dónde comienza un privilegio que el resto de los mexicanos jamás podría imaginar para su propio retiro.
