La mala actuación de agentes del Ministerio Público (MP), la complicidad de actuarios y hasta notarios públicos que de “buena fe” dan por válidos instrumentos notariales de compraventa sin corroborar que las partes estén presentes han facilitado los despojos en la Ciudad de México, en los que participan desde redes criminales hasta organizaciones civiles promotoras de vivienda, de acuerdo con una revisión de expedientes realizada por este diario.
Por este delito, en seis años, de 2019 a 2024, se han abierto 19 mil 992 carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con un promedio diario de 9.12, según revelan las cifras de las autoridades ministeriales.
Desde 2024, la FGJ tiene documentado que el despojo se comete por medio de la simulación de compraventas, usurpación de identidad, fraudes procesales, falsificación de instrumentos notariales, inscripciones registrales de legitimidad dudosa, con la participación de abogados, notarios y grupos violentos.
En la revisión de expedientes, este diario halló la ejecución de un mismo modus operandi, pero en diferente escala; por ejemplo, en uno de los casos participaron integrantes de una organización civil denominada Construyendo un Proyecto de Vida AC, quienes se apoderaron en 2020 de un inmueble ubicado en Antonio Caso 104, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde no fue acatada una sentencia de desalojo emitida por un juez civil.
El abogado Jorge Rábago Moreno, quien abrió dos expedientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, contó que los despojantes mintieron al Instituto de Vivienda al señalar que no había ningún dueño, por lo que la autoridad comenzó un proceso de expropiación, el cual tuvo que ser suspendido cuando se inició el procedimiento en la vía civil.
Litigantes consultados relataron que cuando se acude a denunciar un despojo, los agentes del Ministerio Público suelen decir a las víctimas que la vía penal no es la apropiada para proceder, por lo que les piden iniciar un juicio en materia civil, lo que retrasa las resoluciones, en algunos casos hasta 10 años.
Validan documentos falsos
La abogada Mercedes Estrada encontró el mismo modus operandi, pero esta vez con complicidad de actuarios del Tribunal Superior de Justicia, quienes en un juicio civil dieron por válidos documentos apócrifos como autos de emplazamiento y contratos en comodato, presentado por un particular para apoderarse de una casa en el centro de Tlalpan.
Tan sólo de 2019 a 2023, la FGJ realizó el aseguramiento de mil 7 inmuebles, de los cuales 432 fueron restituidos; sin embargo, en ese periodo se abrieron 16 mil 349 expedientes, es decir, sólo concluyeron 2.6 por ciento.
Además, estableció que las redes criminales encontraron en esta actividad ilícita grandes ganancias. En la carpeta de investigación abierta en 2021 por el despojo de departamentos en la unidad habitacional Fuerte de Loreto, integrantes de La Unión Tepito ingresaron con violencia, cambiaron cerraduras e incluso vendieron departamentos en menos de 100 mil pesos, reveló el abogado Andrés Saavedra, quien representó a una víctima.
El gobierno capitalino adelantó en su primer Informe de actividades que busca cambios normativos, por lo que prevé realizar ajustes en la Ley de Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, así como en la Ley Registral.
La Jornada
