El monto de la pensión para trabajadores jubilados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendrá como tope máximo 10 salarios mínimos y no 25 como lo establece la actual ley del Instituto, así lo determinó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta disposición es aplicable para la llamada “generación de transición” del régimen de retiro, esto es, un grupo de aproximadamente 20 millones de personas que cotizaban al IMSS antes de 1997, año en que entró en vigor la ley que obliga a los trabajadores a cotizar a las Afores.
La reforma legal realizada por el Congreso en aquella fecha, permitía al trabajador elegir entre dos opciones: financiar su pensión con que lo que se hubiera acumulado en su Afore al momento de su retiro, o solicitar una pensión al IMSS, pagada por el erario, en los términos de la Ley del Seguro Social, reporta Reforma.
El pasado 24 de enero, la SCJN emitió una tesis de jurisprudencia en la que precisa que aquellos trabajadores que elijan una pensión financiada por el IMSS, recibirán como monto máximo 10 salarios mínimos y no 25, toda vez que la Ley del IMSS que aplica para estos casos es la de 1973 y no la actual.
“Es jurídicamente inaceptable (aplicar el top de 25 salarios), en virtud de que el financiamiento del régimen de pensión anterior y el nuevo son distintos, motivo por el cual, a cada uno se le debe aplicar la normativa correspondiente a su esquema pensionario”, resolvió en su texto la Segunda Sala del máximo tribunal del país.
Esta disposición derivó luego de analizar varios litigios en los que algunos tribunales determinaron que aplicaba el tope de 25 salarios mínimos y posteriormente fueron invalidados. De hecho, hay un antecedente que data de mayo de 2010, cuando la SCJN resolvió una contradicción de tesis sobre este mismo asunto y confirmó que el tope sería de 10 veces el salario.
La decisión de la Corte trae de nueva cuenta a la discusión pública el tema de las pensiones y la pesada carga fiscal que éstas representan para las finanzas públicas hasta 2080, presión que se incrementaría con las tesis encontradas respecto al monto.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha advertido en diversos momentos que los trabajadores que comenzaron a cotizar antes de 1997 ejercerán una fuerte presión en el gasto público durante los próximos 16 años.
