Por Ernesto Villanueva
Ni duda cabe que el proceso electoral en marcha para elegir a personas juzgadoras es inédito en la experiencia mexicana. Lo anterior, empero, no significa que exista un impedimento internacional o convencional para que se haya reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para transformar el método tradicional basado en nominaciones presidenciales con aprobación del Senado a uno sustentado en el sufragio popular. Veamos.
Primero. No han faltado voces que han dicho que el proceso en cuestión es un mecanismo de colonización o cooptación por parte de Morena del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una afirmación que, a mi juicio, carece de sustento, toda vez que con la mayoría calificada que tiene Morena en las dos cámaras del Congreso hubiera podido sin problema alguno reformar la Constitución para sustituir a quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el(ahora extinto) Consejo de la Judicatura Federal y colocar única y exclusivamente perfiles adeptos a Morena, incluso pudo haberse hecho también lo propio con magistrad@s de circuito y jueces/as de distrito. No se optó por esa vía y hoy el sistema electivo es norma vigente en el sistema jurídico mexicano. Es difícil probar que todos o la inmensa mayoría de l@s candidat@s a la SCJN forman parte de Morena. Hay perfiles de gran calado, con la debida independencia de criterio y con las más altas credenciales formativas que, sin duda, satisfacen con méritos una reforma de largo aliento en el máximo tribunal del país en beneficio del interés público sin sesgos partidistas o ideológicos. Sin duda, cada uno tiene sus afinidades políticas, pero con la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, al incluir el principio pro-persona y la interpretación conforme se aseguran los criterios interpretativos para satisfacer los mejores intereses de la comunidad, al margen que la persona juzgadora sea de izquierda, de derecha o de centro. El requisito es que cumpla con imparcialidad el mandato de la Constitución y sus leyes.
Segundo. Un ejemplo de un gran perfil como ministro de la SCJN es el de Edgar Corzo Sosa (Morado 38 en la boleta electoral). Conozco a Edgar desde hace más de dos décadas quien se ha distinguido por su rigor jurídico, su ética personal y su compromiso con el interés público. Es, además, el único académico de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se encuentra en la citada boleta. Me parece que un integrante de la UNAM debe tener cabida en la próxima SCJN. Y en este caso no es sólo por el hecho de que sea de la máxima casa de estudios del país, sino porque se trata de uno de los juristas más distinguidos conque cuenta el país. De entrada, el Senado, con una conformación multipartidista, lo ha condecorado por haber sido nombrado el primer mexicano como presidente de los diez comités de derechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por sus pares. Actualmente sus aportaciones le han valido para que funja como parte del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Tiene en su haber experiencia judicial en la propia SCJN como coordinador de ponencia entre otros cargos, además de haber fungido como visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior pone de relieve su compromiso reconocido en la defensa de los derechos humanos. Es también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y es autor de diversas obras de consulta obligada en materia de derecho constitucional. Además, tiene el mayor reconocimiento que un académico puede aspirar, pues cuenta con el nivel III del SNIII que es el más alto en el sistema de ciencia, humidades y tecnología de México. Nunca ha militado en ningún partido político y su honorabilidad es ampliamente reconocida por la comunidad jurídica nacional e internacional. Por otra parte, habría que considerar a Raymundo Espinoza Hernández (Morado 42 en la boleta electoral) un joven jurista con una sólida formación académica, experiencia docente, autor de obras jurídicas, a quien tuve la oportunidad de conocer a su paso como titular del área jurídica del antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de quien tengo una gran impresión porque si bien es cierto que simpatiza con Morena también lo es que tiene la honestidad intelectual y convicción personal de anteponer el interés público sobre cualquier otro.
Tercero. Por el lado de las mujeres, un excelente perfil es el de la actual magistrada de circuito, Ana María Ibarra Olguín (Morado 17 en la boleta electoral), una joven juzgadora federal quien a pesar de su juventud tiene una amplia experiencia judicial primero en la SCJN como secretaria proyectista (quienes elaboran los proyectos de sentencias) y como directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN y quien desde su cargo le imprimió un sello de alta calidad científica a las obras publicadas por ese centro de reflexión jurídica. Tiene también una gran preparación académica (licenciatura, maestría y doctorado) y cuenta con experiencia docente. Asimismo, es ampliamente reconocida por la comunidad jurídica por su independencia de criterio, capacidad técnica e imparcialidad como administradora de justicia. Tampoco tiene militancia política alguna y su presencia en la SCJN sería, a mi juicio, una bocanada de aire puro para privilegiar la calidad y los méritos sobre la política y los acuerdos interpartidistas que regían el sistema de acceso (previstos en el anterior artículo 96 constitucional) a ese máximo tribunal antes de la reforma que, como toda obra humana, es perfectible. Así también habría que considerar a Zulema Mosri (Morado 21 de la boleta electoral), magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A Zulema la conocí hace mucho cuando fue la promotora de la ley de transparencia en su natal Sonora. Zulema, además, ha sido una estudiante ejemplar desde su infancia hasta su doctorado en la UNAM. He podido atestiguar su rigor técnico, su dedicación a la labor judicial, su compromiso social y quien en el poder judicial abandera la perspectiva de género desde hace años, de ahí que también cuenta con la debida idoneidad para ser ministra de la SCJN. En otras oportunidades me abocaré a comentar otros perfiles a mi parecer idóneos en las distintas en juego.
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