Ultimo estertor de la aplanadora priista

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Debe quedar muy claro para todos los Yucatecos que la reciente ratificación del Abogado César Andrés Antuña Aguilar como Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, para un segundo período de 9 años, con los que acumularía un total de 15 y se convertirá en “magistrado vitalicio” con el goce y disfrute de una pensión por mas de $100,000.00 mensuales, no es fruto de sus méritos, ni de su capacidad y mucho menos de sus logros al frente de ese Tribunal; sino es por cuestiones totalmente político-económicas y se explica el porqué:
Es legal que un Magistrado pretenda ser ratificado en el cargo y aun cuando es potestad del Poder legislativo determinar si es ratificado o no, puede tomarse en consideración la opinión o la evaluación que sobre su desempeño emita al respecto el Poder Judicial del Estado de Yucatán.
De resultar improcedente la ratificación del funcionario, el Ejecutivo Estatal procede a enviar una terna al Congreso del Estado para que de ella se determine a que persona elegir como nuevo Magistrado.
En este caso, al fenecer el período de 6 años del señor Antuña Aguilar, manifestó su deseo de ser reelecto, y el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal pleno, envió una evaluación totalmente sesgada e incompleta que a su vez les había enviado el propio aspirante a ser reelegido, y se limitó a certificar esa documentación y enviarla a al Legislatura.
Como se discutió en diversas ocasiones en el seno de la Comisión de justicia y Seguridad Pública de la Cámara Estatal, esa información no contempla cifras y datos de vital importancia para que se pudiera calificar y emitir un dictamen ya sea por la ratificación o no de este ciudadano.
Ahora bien, el día en que se discute por primera vez en comisiones el tema, los diputados del PRI, pretenden sorprender a la oposición y presentan un dictamen en el sentido de ratificar al señor Antuña Aguilar en el cargo.
Esto ocasiona que se ponga a votación y se deseche ese dictamen elaborado por los diputados priistas y en consecuencia se decrete un receso de pocos minutos para elaborar un nuevo dictamen en el sentido de que no sea ratificado, el que finalmente fue aprobado por mayoría.
Aquí radica la clave de todo este asunto, ya que resulta verdaderamente imposible que en unos minutos los diputados que votaron por no ratificarlo, elaboraran un dictamen completo, exhaustivo, debidamente fundado y motivado dado que no contaban con los elementos de juicio ni con el tiempo ni la información precisa para emitirlo. Conclusión: se elaboró un dictamen a la carrera sin que mediara un análisis y estudio concienzudo del porqué no ratificar a ese funcionario púbico. Es importante destacar, que el dictamen rechazado, fue elaborado por la Secretaría General del Congreso del Estado, con suficiente tiempo y los recursos necesarios, contrario al elaborado en minutos por los diputados de la oposición.
Desde luego que era cuestión de tiempo para que el C. Antuña Aguilar, promoviera su demanda de amparo y en su momento un Juez de Distrito le concediera el amparo y la protección en contra de ese acto y esas anomalías y defectos de fundamentación y motivación del citado dictamen.
En esta parte es oportuno citar, que los diputados que emitieron el dictamen que finalmente fue recurrido ante el Juzgado Federal, no estaban preparados ni prevenidos de un “madruguete” de sus pares priistas, ya que no llevaban elaborado un dictamen por la NO RATIFICACIÓN; lo que si hicieron los priistas quienes previendo un escenario favorable; luego que se puso a votación el segundo dictamen y ser rechazado, proponen el suyo vía voto particular del C. Felipe Cervera y otros y se aprueba por mayoría.
Uno de los puntos que se discutieron y se explicaron en innumerables ocasiones por las diputadas Rosa Adriana Díaz, Silvia López Escoffié y Milagros Romero, es que tanto la Sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito, así como en la sentencia dictada en el recurso de Revisión que la confirmó, se otorga al C. Antuña Aguilar un amparo para efectos; es decir, para que la Comisión Permanente y luego el Pleno del Congreso emitieran un nuevo dictamen debidamente fundado y motivado, con plenitud de jurisdicción; es decir, no le conceden a Ex Magistrado un amparo liso y llano en donde se ordene al Poder Legislativo que se le ratifique; inclusive, le señalan al Legislativo que si decidía no tomar en consideración la “evaluación” del Tribunal Superior de Justicia del Estado, podían optar por no considerarlo toda vez que no era vinculatorio; pero que fundaran y motivaran el porqué de tal decisión.
Es importante señalar que esta ratificación no fue decidida por cuestiones de legalidad o en cumplimiento a la sentencia federal del Juez Tercero de Distrito, sino por cuestiones meramente políticas e intereses de otra índole.
En efecto, se aprobó el dictamen ratificatorio con el voto a favor de los 3 diputados de MORENA, que se “alienaron” al PRI, dado que es habitual que se opongan sistemáticamente a las decisiones del PAN; y en este caso, ese fue el motivo, y no otro.
Tampoco tiene razón de ser, las amenazas vertidas por Felipe Cervera en el sentido de que los Diputados que no votaran por la ratificación serían procesados, consignados y separados del cargo por desacato y otros delitos; es verdadera penoso y fuera de lugar escuchar esos dilates de un Licenciado en Derecho, todo en su ferviente desesperación de ratificar a su “cuate”.
El escenario real era que si los 3 diputados de Morena, apoyaban la no ratificación, se enviaría el dictamen al Juez de Distrito en cumplimiento a la Ejecutoria y éste decidiría que se daba por cumplida la sentencia y se fin de este tema. Ahora bien, de reintentar el C. Antuña Aguilar una nueva demanda de amparo, era casi seguro que en esta vez no precedería; pero de ningún modo ocurriría alguno de los escenarios a que aludía Cervera Hernández, ni las hipótesis y sandeces que vociferaba grosera y vulgarmente el esquirol y lacayo de Alejandro Cuevas Mena, del PRD.
Al señor CESAR ANDRÉS ANTUÑA AGUILAR, no se le ratifica por sus buenos oficios, por su trabajo destacado, ni por su brillante trayectoria al frente del Tribunal burocrático.
Ahí está el rezago que dejó y que encontrará de nuevo, ahí están sus laudos escasos e ilegales, la mayoría recurridos y revocados; ahí están sus actos de deshonestidad, su tráfico de influencias; y todo lo que de nueva cuenta encontrará en los archivos del tribunal al que anheló regresar, esperemos para el bien de los yucatecos.
La comunidad laboralista seguirá de cerca su desempeño en este nuevo período al frente del Tribunal; con la esperanza que haya reflexionado en todo lo que ha ocurrido y de verdad ahora si, reasuma sus funciones con un verdadero espíritu de servicio y que la sociedad yucateca en general y la clase trabajadora en particular se sientan bien representados por este funcionario público que devengará oneroso sueldo pagado por los Yucatecos.
No tiene una labor fácil por delante; los trabajadores están hartos, desesperados, desilusionados de pelear por años sin obtener justicia. Los patrones, alcaldes, directores de organismos impotentes para solventar condenas que se acumularon por años de manera artificial; los amparos por denegación de justicia a la alza mas que el coronavirus; incidentes por inejecución de sentencias que han llegado a la Suprema Corte de Justicia; pero sobre todo, un sociedad que cada vez reclama y ejerce más sus derechos y no dudará en acudir ante las instancias correspondientes de continuar con la tónica que asumió en sus primeros 6 años; y de no haber un cambio verdadero, comenzaran los plantones de trabajadores, las quejas y denuncias por su mal desempeño; sin perder de vista que ya no son los tiempos en que estaba al frente del gobierno su “amigo y compadre” Rolando zapata Bello y el Congreso del Estado con mayoría de sus afines, y puede proceder una sanción ejemplar que derive inclusive, en la separación del cargo.
Al tiempo…
Mérida, Yucatán 15 de junio de 2021.
Lic. Lincoln J. Palma Rodríguez.

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