Dinero
Enrique Galván Ochoa
De los gobiernos de PRI y PAN viene como herencia la maña de bolsear impunemente a los ciudadanos. Eso es lo que se intenta cambiar, asegura el gobierno de la 4T. Sin embargo, los jefes en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier Velazco, están cocinando una reforma legal por la cual el gobierno quedaría facultado para apropiarse de los ahorros “abandonados” por las personas en bancos y financieras. Se destinaría, dicen, a las corporaciones policiacas de los estados y municipios, y es una condición que los partidos de oposición agregaron a la reforma constitucional que permitirá que el Ejército permanezca en las calles hasta el año 2028 realizando labores de seguridad, aunque debería retirarse desde 2024.
Actualmente, los depósitos que no tienen movimiento por tres años pasan a un fondo global que maneja cada banco y genera intereses. Pero en tres años más, si no son reclamados por los dueños y no exceden a 50 mil pesos, se destinan en parte a la Beneficencia Pública, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Es un manejo no muy claro. Pero tampoco está claro su nuevo destino: los gobiernos estatales y municipales. Se trata de una cifra que oscila entre 10 mil y 60 mil millones de pesos, para comenzar, pero se incrementaría año con año con los nuevos depósitos “abandonados”.
El veto
El tema ha desatado inquietud. El presidente López Obrador propuso que el fondo se dedique a programas sociales. Es una mejor idea. Pero aun antes lo adecuado es devolver el dinero a sus dueños. Cuando un cliente le debe dinero al banco éste no descansa hasta localizarlo para que le pague. Lo persigue por teléfono día y noche, lo amenaza a través de despachos de abogados que más bien parecen gánsters, lo acosa en su domicilio y en su trabajo. ¿Por qué no pone cada banco el mismo ahínco para encontrar a los dueños de los depósitos supuestamente “abandonados”? Si el Senado aprueba la reforma tal como la redactó la Cámara de Diputados, el Presidente podría vetarla.