Chapab, Yucatán, 13 de diciembre de 2023. Ejidatarios y pobladores mayas del
municipio de Chapab, Yucatán, solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) la atracción del amparo en contra de una mega granja porcícola que se instaló
en su territorio desde 2017 sin su consentimiento.
Al menos diez pueblos mayas de Yucatán han denunciado la misma situación. Si la
Corte atrae el caso de Chapab, abriría un precedente para las controversias de otros
proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin una consulta
previa, libre, informada y culturalmente pertinente para la comunidad indígena.
Las y los pobladores de Chapab, que forman parte del colectivo Kanan Lu’um Moo
—“cuidar la tierra”, en maya —, han denunciado las distintas irregularidades de la mega
granja porcícola “Unión de Aparceros Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán” que
produce 48 mil cerdos por ciclo de producción.
En 2018, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) pidió a la empresa
porcícola diversos requisitos para permitir su operación, como la información del
número de cerdos, plantas de tratamiento de aguas, estudios geohidrológicos, de
vientos y olores, autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, esta
última otorgada por la SEMARNAT, y la realización de una consulta pública apegada a
los lineamientos de la población indígena.
No obstante, la mega granja inició operaciones y continuó funcionando durante dos
años sin cumplir algunas condiciones exigidas. Fue hasta julio de 2020, y propiciado
por el inicio de las acciones de defensa por habitantes de Chapab, que la empresa
porcícola declaró haber “cumplido los requisitos”. Sin embargo, la SDS no corroboró el
adecuado funcionamiento de la mega granja con base en sus requerimientos, de
acuerdo con el informe “Resistencia y defensa del Territorio en Chapab de las Flores,
Yucatán” elaborado por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Fundación para
el Debido Proceso.
En 2020, los ejidatarios encontraron una tubería de 300 metros proveniente de la mega
granja, que arrojaba aguas residuales, desembocando en sus tierras de cultivo. Por ello,
en diciembre de ese mismo año, el colectivo Kanan Lu’um interpuso una demanda de
amparo en contra de la operación inconstitucional de la mega fábrica de cerdos. Más
de 100 personas de la comunidad, incluyendo niños, niñas y adultas mayores,
decidieron promover un juicio de amparo por violaciones a sus derechos a un medio
ambiente sano.
El caso, identificado como “Chapab vs. Kekén”, fue admitido por la Jueza Tercero de
Distrito en el Estado de Yucatán bajo el número de expediente 1292/2020. La jueza
concedió medidas cautelares provisionales para proteger a la niñez de Chapab, pero en
marzo de 2021, un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió en favor de la mega granja,
revocando la demanda, y con ello las medidas que protegían los derechos de las
personas.
Ante esa situación, en 2022 las personas de Chapab plantearon una solicitud de
consulta previa respecto a la mega granja. En ella argumentan violaciones a la
constitución, al convenio 169 de la OIT y al Acuerdo de Escazú. Obtuvieron una
sentencia favorable, pero la empresa porcícola promovió un recurso de revisión para
que el caso de Chapab sea desechado.
La granja argumenta que la demanda es extemporánea porque los habitantes debieron
demandar dentro de los primeros 15 días en que se estableció la granja. Este no es un
argumento nuevo, ha sido utilizado al menos tres veces por el empresariado y el
magistrado Jorge Enrique Eden Wynter del Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, para
desechar los litigios emprendidos por comunidades mayas.
El mensaje del Poder Judicial Federal hacia las empresas es que pueden operar con
toda irregularidad si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días en los que
se establecieron en el territorio de las comunidades mayas. Lo que es absurdo, ya que
las afectaciones al ambiente y al territorio prevalecen hasta que las autoridades
cumplan con sus obligaciones: evitar a toda costa la contaminación ambiental y
realizar una consulta indígena.
Este caso fue asignado al magistrado Jorge Enrique Eden Wynter, quien le ha dado la
razón a las mega granjas porcícolas en tres ocasiones anteriores. Después de años de
buscar justicia a nivel local sin éxito, Kanan Lu’um ahora solicita la atracción de su
juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, como acción categórica para que
su caso se analice con perspectiva de derechos humanos y conforme a criterios
internacionales y nacionales de derecho.
La región de la Península de Yucatán, posee la segunda selva más grande de todo el
continente americano después de la Amazonas y conforma la mayor recarga de agua
en el país. Por lo cual la contaminación del manto acuífero y la pérdida de los
ecosistemas forestales deberían ser temas de vital importancia para el Estado
mexicano.
Además de la privación de recursos económicos, los habitantes de la comunidad se
han visto afectados en su salud. Las enfermedades de la piel, problemas estomacales y
fuertes casos de dengue se han hecho cada vez más comunes. De acuerdo a las y los
pobladores de la comunidad, esto se debe a la contaminación por los residuos que se
generan desde la granja hacia la tierra y el agua.
Los pueblos mayas han sido despojados de sus tierras con impunidad por la mafia
agraria; conformada por empresarios, políticos, funcionarios, notarios públicos y
comisarios ejidales. La contaminación, la deforestación y el despojo de tierras por
mega industrias es un tema ampliamente cuestionado y de interés social, que no solo
compete a la región de Yucatán.
La Suprema Corte de Justicia es ahora la esperanza de Chapab y de todas las
comunidades mayas que resisten la criminalización, el despojo y la contaminación por
las mega granjas porcícolas en Yucatán.
Atentamente,
Colectivo Kanan Lu’um Moo
Kanan Derechos Humanos A.C.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
