Abraham Bote Tun
Las dunas de Chuburná no son un caso aislado. Son el punto de inflexión que evidencia un problema mucho más profundo: el modelo de desarrollo que durante décadas ha transformado la costa de Yucatán en un territorio al servicio de los intereses inmobiliarios, por encima del derecho de las comunidades y de la protección ambiental.
Lo que hoy ocurre en Chuburná ya se gestó en otros puntos del estado. La privatización del territorio, la urbanización acelerada de la costa y la autorización de megaproyectos forman parte de una lógica que ha privilegiado las ganancias económicas sobre la conservación de los ecosistemas y el bienestar colectivo.
Durante años, los gobiernos estatales encabezados por el PRI y el PAN impulsaron un modelo que facilitó la expansión inmobiliaria en zonas ambientalmente frágiles. Diversas organizaciones civiles y comunidades han denunciado que las instituciones encargadas de proteger el patrimonio natural actuaron con insuficiente capacidad para frenar proyectos con posibles impactos ambientales, mientras las autorizaciones para nuevos desarrollos continuaban avanzando.
En particular, durante la administración de Mauricio Vila Dosal se consolidó un crecimiento acelerado de desarrollos inmobiliarios y otros megaproyectos, como granjas porcícolas, que fueron objeto de múltiples cuestionamientos por parte de comunidades, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos. Para muchos ciudadanos, la política ambiental del estado resultó insuficiente para garantizar la protección de los ecosistemas costeros.
Resulta llamativo que algunos actores políticos hoy encabecen campañas para denunciar problemas como el suministro de energía eléctrica, pero permanezcan en silencio cuando se trata de exigir la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos de las comunidades costeras o el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano. Esa ausencia también constituye una decisión política.
Lo ocurrido en Chuburná tampoco puede entenderse únicamente desde la esfera estatal. Las autoridades federales que han tenido competencia en materia ambiental y de ordenamiento territorial también deben rendir cuentas sobre las autorizaciones, supervisiones y omisiones que permitieron que este modelo continuara avanzando. La responsabilidad es compartida cuando las instituciones no ejercen plenamente su obligación de proteger bienes ambientales de interés público.
Las consecuencias ya son visibles. Basta recorrer gran parte del litoral yucateco para observar cómo amplios tramos de playa han desaparecido o se han reducido considerablemente. La erosión costera responde a múltiples factores, entre ellos el cambio climático y los fenómenos naturales, pero diversos especialistas han advertido que ciertas obras costeras, la alteración de dunas, la eliminación de vegetación y manglares y la urbanización sin una adecuada planeación pueden agravar ese proceso y aumentar la vulnerabilidad del litoral.
Cuando desaparecen las dunas, también se pierde una barrera natural que protege a las comunidades frente a huracanes y marejadas. Cuando se destruyen manglares y vegetación costera, se afecta el equilibrio de ecosistemas fundamentales para numerosas especies de flora y fauna. Lo que está en riesgo no es únicamente un paisaje: es el futuro ambiental, económico y social de Yucatán.
Las dunas de Chuburná representan un llamado urgente a la organización ciudadana. Defender ese territorio significa defender el patrimonio natural de todas y todos. También implica exigir transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades a quienes, mediante decisiones políticas, permisos u omisiones, hicieron posible que intereses privados avanzaran sobre ecosistemas que pertenecen al interés público.
Si Chuburná cae, no será únicamente una derrota para una comunidad costera. Será la confirmación de un modelo que continúa entregando la costa de Yucatán al negocio inmobiliario mientras el patrimonio natural desaparece frente a nuestros ojos.
Disidente MX
