Seis miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresaron su desacuerdo con el posicionamiento de este organismo en aval de que la Guardia Nacional haya sido absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del proceso de militarización, y añadieron que buscaran combatir esa reforma.
En una carta severa que circuló en redes sociales, los consejeros recordaron que incluso propusieron a la presidencia de la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero fueron ignorados.
En su mensaje, los consejeros señalan que lamentan “que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificado por México ni las diversas sentencias y criterior en la materia”.
Ante lo que consideran un impacto negativo que la reforma tendrá sobre los derechos humanos, los consejeros anunciaron que apoyarán las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma, “así como a acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión”.
Los consejeros firmantes del documento son Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Gloria Rmírez Hernández y Georgina Diédhiou Bello.
Ese grupo de consejeros habían manifestado, antes de que la reforma fuera aprobada en el Senado de la República, que esta “es de notoria inconstitucionalidad e inconvencionalidad, al tiempo de representar una grave amenaza a la protección de los derechos humanos de la población”.
Consideraron que la iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional fuera subsumida en la Sedena contraviene el artículo 21 constitucional, que señala que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
En ese documento también recordaron resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las tareas de seguridad pública sean encomendadas a cuerpos policiales civiles y que se debe limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas en esas labores. Por ello, consideraron que la iniciativa presidencial también es incompatible con los estándares internacionales.
Otro fuerte señalamiento es que esa reforma se daría cuando ni el Ejército ni en la Marina han procedido a depurarse de elementos que han cometido violaciones a los derechos humanos, además de que se trasladaría el fuero militar a la jurisdicción ordinaria, lo que es incompatible con la Convención Americana.
Los firmantes llamaban a los senadores a legislar tomando en consideración lo anterior, e instaron a la CNDH para que, si la reforma fuera aprobada (como ocurrió), interpusiera una acción de inconstitucionalidad de conformidad con sus facultades constitucionales.
Sin embargo, el Senado de la República aprobó la reforma y la CNDH, ignorando los argumentos y el llamado de varios miembros de su propio Consejo Consultivo, se negó a emprender una acción de inconstitucionalidad e hizo suyas las argucias y el discurso del gobierno militarista.
