Escalofriante. El coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, habría dado la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuadro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014. Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.
Quien denuncia la atrocidad perpetrada por los uniformados no son los padres de familia, ni los normalistas, ni periodistas, ni defensores de derechos humanos. No. Es el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Esa noche, el coronel estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. No era casualidad, había entablado una magnífica relación con el alcalde. De hecho, aparecieron juntos en distintos momentos, encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, según declaró a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, Rodríguez Pérez “no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.
Al rendir su testimonio, el coronel declaró que no tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo falsamente. A pesar de su experiencia, durante los años que estuvo al mando del batallón tampoco pareció darse cuenta de los centenares de fosas clandestinas que se cavaron en su territorio, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en Iguala un punto central de distribución hacia Chicago y Atlanta.
El día de la matanza, integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo fueron a las instalaciones del batallón para buscar ayuda, luego de que uno de sus compañeros murió después de ser salvajemente atacados a balazos a las 12:30 de la noche, por policías y sicarios. El coronel Rodríguez se negó a auxiliar a los heridos.
Los vínculos estrechos del entonces alcalde con el Ejército son anteriores al arribo del coronel Rodríguez al frente del 27 Batallón. El 22 de enero de 2008, se colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de José Luis Abarca.
El presidente municipal pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del futuro gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo despensas a sus simpatizantes. Conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. El PRD no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes criminales de la región.
Plaza Tamarindos se ubica frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21, “en su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno”.
El 27 Batallón de Infantería está especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas. Tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.
Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. En marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.
Como parte de su estrategia contrainsurgente, el Ejército sembró a varios soldados como espías en la Normal Rural de Ayotzinapa. Según declaró el doctor Arturo Miranda a Sergio Ocampo de La Jornada, a través del gobernador Ángel Aguirre “infiltró a presuntos jóvenes pobres, dos de los cuales estuvieron al tanto de la desaparición de sus demás compañeros… No supimos si entraron los seis, o solamente uno o dos, entre ellos Julio César López Patolzin, que ingresó en 2012”.
La mañana del 31 de octubre de 2014 una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 Zona Militar, al mando del general Alejandro Saavedra Hernández. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos. Después de enumerar una larga lista de políticos vinculados con el cártel, el mensaje indicaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 Batallón de Infantería: el teniente Barbosa y el capitán segundo Crespo (quien estaba al frente del pelotón encargado de operar en el terreno), involucrados con la organización criminal.
En octubre de 2015, ante las cámaras de Televisa, el general Cienfuegos impidió que se interrogara a militares por Ayotzinapa. “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento”, subrayó. El coronel Rodríguez fue removido del 27 Batallón un año después de la masacre y ascendido a general brigadier el 19 de noviembre de 2015. ¿Cuándo se detendrá a estos militares y a otros más implicados en el crimen? ¿Cuándo se apresará a Gualberto Ramírez, ex fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, pieza clave de la “Mentira Histórica”?
Luis Hernández Navarro La Jornada
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