A pesar de que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) aún no sido instrumentado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya ha comenzado a hacer un uso indebido de la información de los usuarios que el gobierno tiene en su poder.
El especialista en telecomunicaciones y colaborador del periódico El Universal, Javier Tejado Dondé, denunció en su espacio de dicho diario que fuentes federales que le pidieron el anonimato, le confirmaron que el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, ha solicitado informes sobre columnistas, él incluido, que han escrito en contra del Panaut.
Detalló que el citado funcionario ya había deslizado esta posibilidad durante una de las conferencias matutinas del presidente, cuando acusó a varios articulistas y colaboradores de medios de tener vínculos con empresas de telefonía móvil, y de ahí su interés en descalificar el Panaut, que según él, busca ser un instrumento para profundizar en las investigaciones de grupos delictivos.
Tejado Dondé explica que a pesar de que los datos de los usuarios de telefonía está bajo resguardo del IFT, cuyos integrantes tienen una trayectoria intachable, la reforma legal mediante la cual se crea el Panaut, faculta a las autoridades de seguridad procuración de justicia a acceder a esta información, lo cual podría prestarse medidas arbitrarias y abusos de autoridad.
Por su parte, el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna para El Financiero, retomó la denuncia de Javier Tejado Dondé y expresó su preocupación de que el espionaje en contra de periodistas se está extendiendo mucho más que en gobiernos anteriores y son cada vez más los funcionarios del gobierno interesados en seguirle la pista a editorialistas y columnistas, para tratar de rastrear si hay algún “interés oculto” en sus opiniones.
“Este es un tema donde la prensa no suele denunciar porque, salvo que atrapen al gobierno prácticamente in fraganti, no tiene forma de saber cuáles periodistas están sujetos a investigación. Pero los secretos no son para siempre”, señaló.
Agregó que según información de que él dispone, la Central Nacional de Inteligencia (CNI) – que sustituyó al CISEN – tiene abiertas investigaciones solicitadas desde Palacio Nacional en contra de varios periodistas y columnistas que han escrito textos críticos al gobierno. Entre ellos destacan Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto y Mario Maldonado.
Riva Palacio añadió que la CNI no es la única instancia involucrada en el espionaje y afirmó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval ordenó vigilar a un columnista de El Financiero que adelantó los preparativos para que la Guardia Nacional pasara a la Sedena. Asimismo, sostuvo que desde la SSPC se reactivó la utilización de Pegasus, el programa con malware que adquirió el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas, según lo documentó un reportaje de The New York Times.
Expuso que si bien el espionaje a periodistas data de hace muchos años, la presente administración no sólo ha mentido al asegurar que esa práctica ya se terminó, sino que la oficializado con fines políticos, a juzgar por la denuncia que hizo Javier Tejado Dondé.
“Preocupa y alarma el abuso de las facultades de los funcionarios y la falta de controles internos para contener los excesos del poder. A diferencia del pasado, esos contrapesos no existen ya. Al contrario, han cerrado filas contra el nuevo enemigo, los columnistas”, concluyó.
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