Considerando que se afectan derechos políticos generales y derechos laborales de trabajadores del INE, el organismo interpuso una nueva controversia constitucional contra el Plan B en lo referente a la reestructuración operativa que obliga a despedir a miles de trabajadores.
Se trata de un “franco fraude a la ley” cometido por legisladores del grupo dominante que, mediante la reforma cometen “una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral”, dice el INE.
En el recurso, señala que al pedir que la SCJN interrumpa la aplicación de la reforma electoral defiende su autonomía, el respeto a la Constitución, los derechos políticos de la ciudadanía y los derechos laborales de trabajadores del organismo.
Sustenta su reclamo en cuatro ejes: grave violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión; la vulneración de la autonomía del INE por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo al invadir sus atribuciones; violación de las condiciones de equidad de las contiendas electorales y por último, el daño a los derechos laborales de los trabajadores del INE.
Así, pidió a la Corte otorgar una suspensión inmediata de la aplicación de la reforma, en tanto continúa con el análisis del fondo del asunto, con la finalidad de que no se vulneren los derechos de la ciudadanía y de los trabajadores.
Confió en que en breve la Corte “restaurará el orden constitucional”.
“Se solicita al Máximo Tribunal otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, indicó el organismo.
Manifiesta que el Congreso de la Unión no respeto el debido proceso legislativo en la elaboración de la reforma, además de que 200 artículos de la reforma atentan contra 25 principios constitucionales.
“En franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”, dijo.
Se recordará que el gobierno federal y la bancada morenista en la Cámara de Diputados realizaron foros y consultas por varios meses, pero el resultado de dichos debates no fue tomado en cuenta, según denunciaron diversos actores políticos.
Señala que la reforma afecta la estructura del INE y con ello, los derechos laborales de todos los trabajadores.
“Se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral”.
A principios de febrero, el INE interpuso controversia contra la primera parte del Plan B, la relativa a la propaganda gubernamental, que quita la prohibición a funcionarios públicos de expresar sus opiniones políticas durante tiempos electorales.
Hace unos días, ante el TEPJF, presentó un recurso en contra de la ley transitoria que ordena el despido de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo, cuya destitución fue cancelada hoy por orden de un tribunal. El propio funcionario también promovió un recurso ante el mismo tribunal.
