martes, abril 23, 2024

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La SCJN perfila continuidad de prisión preventiva oficiosa; viola derechos humanos y acuerdos internacionales: ONU

En la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, ya cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestaron que votarán a favor de su continuación, lo que es suficiente para ello. Sin embargo, mañana continuará la sesión. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a México a anularla.

Este lunes el Pleno de la SCJN inicio el debate sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, sobre la ponencia que presentó el ministro Luis María Aguilar Morales, en el que se la consideraba “contraria a los derechos humanos y una medida que presenta múltiples efectos dañinos para el sistema penal y para la sociedad”.

En respaldo de su afirmación, Aguilar Morales citaba que más del 40 por ciento de la población que se encuentra en prisión no ha sido sentenciada pero sí privada de la libertad por la prisión preventiva oficiosa.

Al iniciar la sesión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que esta es “una de las propuestas más importantes que se han presentado en la historia del tribunal”.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra de la ponencia de Aguilar Morales ya que, explicó, la SCJN no pude no aplicar la Constitución, además de que los congresos aprobaron esa medida debido a las condiciones de violencia y criminalidad que hay en el país. Y añadió que de retirarse esa medida, se pondría en peligro la vida de víctimas, testigos peritos y hasta jueces.

Asimismo, indicó que “la decisión de inaplicar cualquier norma constitucional equivale a invalidarla o, por lo menos, a vaciarla de contenidos. Se declara inconstitucional a la propia Constitución, como si fuera contradictoria”.

Por su parte, Loretta Ortiz dijo que la prisión preventiva oficiosa no es contraria a la Constitución, además de que sirve para garantizar los derechos de las víctimas. Por ello, votará en contra del proyecto de Aguilar Morales.

Alberto Pérez Dayán también se expresó en contra, ya que la aplicación de la medida no es inconvencional debido a que cuenta con restricciones y procedimientos fijados en la norma. Pero reconoció que hay un uso indebido de ella, por lo que se tiene que revisar periódicamente su diseño.

El ministro José Luis González Alcántara Carrancá consideró que la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en prisión automática, además de que limita las facultades del juez para imponer medidas alternativas. Pero propuso una interpretación del artículo 19 constitucional por la que los jueces deberán estudiar, de oficio, la imposición de la prisión preventiva en cada caso. Con ello, dijo se tendría una deferencia hacia los otros poderes.

Al respecto también advirtió que si se sigue interpretando el artículo 19 constitucional como si autorizara la prisión preventiva automática, es “representar a la Constitución como si traicionara sus principios más fundamentales”.

Tras esa intervención Zaldívar levantó la sesión e indicó que el martes continuará la sesión.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador había amagado con que si la SCJN determinara la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, sería el supremo poder conservador.

Sobre la declaratoria de inconvencionalidad, dijo que “no creo que se atrevan porque es completamente violatorio de la Constitución”.

Posteriormente, Zaldívar Lelo de Larrea puso en su cuenta de Twitter un mensaje en el que señaló que debatirían el tema “con independencia y plena responsabilidad”.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hizo un llamado a México para que sea anulada la prisión preventiva oficiosa establecida en la Constitución.

Miriam Estrada-Castillo, presidenta relatora del Grupo de Trabajo, consideró que la prisión preventiva oficiosa “es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”.

Así, el Grupo de Trabajo estableció que la obligación constitucional de imponer prisión preventiva oficiosa a personas acusadas de ciertos delitos ha llevado a la violación de derechos humanos como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, además de que contraria la independencia judicial y la fundamentación jurídica de de los motivos de la detención.

Estrada-Castillo señaló entre las consecuencias de la prisión preventiva oficiosa “que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto, además, contribuye al hacinamiento carcelario”.

Además, mencionó que con esa medida en vigencia México viola sus obligaciones internacionales de derechos humanos establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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